Caracas.-El sistema financiero venezolano concentra acciones a favor de las mayorías en el país, con vistas a garantizar sus derechos fundamentales frente a la presión generada por la guerra económica lanzada por la ultraderecha.
Ajustes en el salario mínimo, incremento de la recaudación fiscal y mayor fortaleza en el enfrentamiento al contrabando se insertan en el arsenal de medidas dispuestas por el gobierno.
En contraste, el escenario muestra una variación inflacionaria acumulada del 39 por ciento en los primeros ocho meses del año, unida a la manipulación mediática de las capacidades financieras de las autoridades venezolanas.
Diversos argumentos difundidos por medios privados y en las redes mencionaron la presunta incapacidad del Estado para honrar en octubre último vencimientos de obligaciones de deuda por una suma superior a los cuatro mil millones de dólares.
INCLUSIûN EN POLÍTICAS SOCIALES
La realidad desmontó el andamiaje esgrimido, pues se concretaron los pagos en los plazos previstos, sin que se vieran afectadas las políticas de carácter social que promueven la inclusión.
Asimismo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó un aumento del 15 por ciento en el salario mínimo a partir de diciembre, con el propósito de proteger los ingresos de los trabajadores.
Esta acción coloca la remuneración en cuatro mil 889 bolívares (776 dólares), a lo cual se añade el bono de alimentación de dos mil 095 bolívares (332,5 dólares) mensuales.
Las autoridades ya realizaron cambios del 10 por ciento al salario mínimo y las pensiones a inicios de año, para añadir otro 30 por ciento en mayo.
Con el último ajuste decretado por el Gobierno en los cuatro años anteriores se acumulan 12 modificaciones al nivel del salario mínimo.
Unido a ello, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, señaló que el monto a partir de diciembre será el 18 por ciento inferior al valor actual de la canasta básica.
El funcionario aseveró que ese último parámetro se ubica en cinco mil 741 bolívares (911 dólares), en tanto el salario mínimo de conjunto con el bono de alimentación oscila en torno a los siete mil bolívares (mil 100 dólares).
Además, la recaudación fiscal en el sistema financiero venezolano marcó de enero a octubre un incremento del 40 por ciento respecto a la meta estimada para el período.
Según el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), en los primeros 10 meses de 2014 ese indicador llegó a 362 mil 540 millones de bolívares (57 mil 564 millones de dólares).
Esa cantidad representa un superávit de 105 mil 320 millones de bolívares (16 mil 717 millones de dólares) en comparación con las previsiones iniciales.
Dicha recaudación corresponde a lo ingresado al Tesoro Nacional por concepto de impuestos Sobre la Renta (ISLR) y al Valor Agregado (IVA), tributos aduaneros y rentas internas.
El titular del Seniat, José David Cabello, informó que la cifra global en octubre fue de 48 mil 500 millones de bolívares (siete mil 698 millones de dólares), lo que representa un cumplimiento de 192,4 por ciento de la meta establecida para este mes de 25 mil 200 millones de bolívares (cuatro mil millones de dólares).
A ello se añade un plan de fiscalización en todo el territorio nacional, el cual coincide con la temporada navideña y el pago de bonificaciones dispuesto por el Estado.
El objetivo consiste en garantizar la aplicación de precios justos y evitar la especulación en las cadenas comerciales de ventas minoristas en el país.
Al mismo tiempo, se mantiene el combate al contrabando y acaparamiento en todo el territorio nacional, con resultados concretos en las últimas semanas al incautar más de nueve mil toneladas de alimentos y depósitos con importantes insumos de salud e industriales.
De manera adicional, se fortalece el control sobre el empleo de las divisas que otorga el Gobierno, pues en el último proceso de verificación fueron sancionadas 247 empresas por incumplimiento de las regulaciones vigentes.
El Centro Nacional de Comercio Exterior de Venezuela llamó a mil 059 compañías a presentar la documentación relacionada con el uso de los recursos en moneda extranjera, correspondientes al período del 2012 al 2014.
Con esta estrategia, el Gobierno cierra filas frente a los intentos de desestabilización de la derecha, los cuales pretenden generar el descontento de la población.
