El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, destacó ante los embajadores de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el compromiso del gobierno en la defensa de los derechos humanos, con los esfuerzos que realiza en el proceso del Plan Nacional de Regulación de Extranjeros en el que gasta alrededor de 1,800 millones de pesos.
Afirmó que el gobierno del presidente Danilo Medina estudia diferentes escenarios y encamina una consulta nacional con experimentados juristas para establecer su posición frente a la condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en contra de la República Dominicana.
En un encuentro celebrado en la sede de la Cancillería con los representantes diplomáticos del SICA que integran México, Belice, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, así como los de Unasur pertenecientes a Brasil, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay y Uruguay; el funcionario consideró que la sentencia de la CIDH se decidió sin tomar en cuenta los procesos históricos y la realidad económico-social de la República Dominicana.
Agregó que además se trata de un fallo que alude a la Constitución dominicana, el derecho a decidir sobre la nacionalidad, y cuestiona algunos artículos de la Ley 169/14 que ha facilitado el plan de regularización de extranjeros.
Navarro indicó que «cada país tiene derecho a definir el mecanismo para conceder la ciudadanía, en el marco de la innegociable libre determinación, pero tampoco esa soberana decisión no puede ser interpretada bajo ninguna circunstancia como una negación al respeto de los derechos humanos».
Planteó a los diplomáticos que el gobierno acogió el fallo de la sentencia 256/14 del Tribunal Constitucional dominicano porque tiene claro el debido respeto al orden jurídico y a la independencia de los poderes del Estado, «con lo que ha evitado una innecesaria confrontación y una posible crisis social y política de impredecibles consecuencias».
Dijo que el gobierno dominicano fijará una posición definitiva como país ante el Sistema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, luego del análisis de los escenarios posibles, «y este proceso de encuentros con ustedes como representantes de países amigos, es parte de esa bien intencionada respuesta que el gobierno dará a la situación».
