Los senadores manifestaron este miércoles que es saludable que el Poder Ejecutivo (PE), y otras instancias del Estado dominicano acojan en todas sus partes la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que separa al país de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Charlie Mariotti, senador por Monte Plata, reconoció que el Congreso Nacional no aprobó en el año 1990 que la República Dominicana sea parte de ese organismo internacional. Sin embargo defendió el Plan Nacional de Regularización y de Naturalización, dirigido a resolver la situación.
No obstante aclaró que la salida de la CIDH no significa una rotura con la Organización de Estados Americanos (OEA).
En tanto que el senador Arístides Victoria Yeb precisó que al Gobierno le conviene acatar el fallo en todas sus partes, debido a que es vinculante a todos los poderes del Estado: “Esa sentencia es sinónimo de un golpe de Estado institucional, por el solo hecho de recomendar de manera obligatoria la modificación de nuestra Carta Magna”, acotó.
En ese sentido, el representante por la provincia Hermanas Mirabal, Luis Rene Canaán, manifestó que la decisión del TC es inapelable y debe ser respetada como las anteriores sanciones.
Añadió Canaán que la decisión tomada por la CIDH no está acorde con los esfuerzos que ha realizado el Gobierno de darle salida jurídica a un problema humano y social: “República Dominicana está ejecutando todos los procesos legales, a fin de resorber este problema humano”.
