El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, expresó que ni la República Dominicana ni su Gobierno deben captar en nada la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que condena al pago de 414 mil dólares e interviene en los asuntos internos del país.
El legislador oficialista fijó su posición en el programa de televisión “Tras las Huellas”, del periodista José Cuevas, que se transmite en vivo todos los viernes de 8:00 a 900 de la noche por los canales 24 de Santo Domingo TV por cable y 69 de UHF.
Sánchez Roa aclaró que con esta sentencia se busca tumbar todo el andamiaje que viene haciendo el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina, con el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros Irregulares que permanecen en territorio dominicano.
En ese sentido dijo que los organismos internacionales que no colaboran económica o técnicamente “nos dejen trabajar como lo hemos venido haciendo desde siempre en procura además de mejor las relaciones binacionales entre la República Dominicana y Haití”.
El vocero de la bancada de senadores del PLD en el Senado de la República aseguró que la sentencia emitida por el organismo internacional está totalmente divorciada de la realidad.
“Entonces esta sentencia lo que viene es a disociar el trabajo que se vienen haciendo las autoridades dominicana”, expuso el congresista.
Agregó que la sentencia llega justamente cuando se da el tercer encuentro binacional entre ambas naciones, que laboran para resolver la problemática, y la comunidad internacional sabe todo lo que se está haciendo en la República Dominicana para resolver el impasse.
“Yo me pregunto por qué ese tipo de sentencia no se aplica en los Estados Unidos o en Francia, cuando esas son naciones en las que el ciudadano que no está correcto, primero lo dejan preso por lo menos dos meses, y luego lo deportan a su país de origen”, argumentó Sánchez Roa.
La reacción del senador se impone por que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó a la República Dominicana, mediante sentencia, y le ordena desconocer la aplicación de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y dejar sin efecto toda norma constitucional, legal, y reglamentaria con relación a los casos de la nacionalidad de descendientes de haitianos.
Además, en el documento judicial la CIDH, responsabilizó al país de la expulsión de personas “haitianas y dominicanas”, violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, y exigió adoptar las medidas de derecho interno para evitar que la Sentencia 168-13 del TC continúe produciendo efectos jurídicos.
