El presidente de laComisión Especial de la Cámara de Diputados,Henry Merán, queestudia la Ley dePartidos y Agrupaciones Políticas,afirmóque fue aprobada la utilización del lenguaje de género en dicha legislación, lo cual es un requisito establecido en la Constitución de la República.
Se recuerda que la nación dominicana solo cuenta con la Ley 24-97 contra la violencia intrafamiliar, promulgada en 1997, que castiga los asesinatos de mujeres pero no tipifica el feminicidio al nivel que lo requiere.
En un estudio realizado por Greidys Roa Chalas, investigador de la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode),se subraya la urgencia de la promulgación y aplicación efectiva de leyes que disminuyan al mínimo la incidencia del feminicidio en la República Dominicana, tercer país con más muertes por esta causa en Latinoamérica.
El documento recomienda reformar la Ley 24-97, “que permite la conciliación como método alterno para la resolución de controversias y con ello deja abierta la posibilidad de acuerdos entre una mujer abusada y su agresor, sin que este último haya pagado por su culpa”.
Numerosas agrupaciones feministas, instituciones y organizaciones políticas y sociales nacionales han protestado contra este contenido legislativo, y exigen la respuesta sancionadora y reparadora del Estado, que hasta ahora ha sido deficiente en la implementación de políticas públicas destinadas a reducir los altos índices de violencia de género que sustenta el país.
El análisis de Roa Chalas revela que en el primer semestre de este año en el país se reportaron 45 casos de feminicidios, para un incremento de 40 % en comparación con el mismo período en 2013.
Se plantea la urgencia de hacer cumplir las leyes ya existentes, al tiempo de fortalecer los canales de denuncia y que se les brinde el seguimiento necesario a las víctimas.
Además, como medidas preventivas para disminuir los feminicidios, el análisis propone una mayor inclusión de las mujeres en la vida productiva de la sociedad por medio de políticas destinadas a mejorar sus condiciones de vida.
«Se necesita brindar oportunidades de incrementar sus ingresos, principalmente a las más mujeres desposeídas, como son las madres adolescentes, trabajadoras domésticas, trabajadoras del sector informal y las envejecientes, para que no se vean forzadas a depender económicamente de compañeros abusivos», concluye el documento.
