Los diputados Lupe Núñez y Fabio Vargas, de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), pidieron este martes a los fiscales en huelga a tener prudencia en los horarios de convocatorias a paros, a fin de evitar que la delincuencia aproveche este momento para realizar sus fechorías.
Ambos legisladores entienden que es justa la exigencia de aumento salarial, debido a que son un eje fundamental del Ministerio Público, para la buena administración de justicia en los tribunales.
Núñez preciso que entiende que cualquier ciudadano y ciudadana que este insertado en el mercado laboral, especialmente en el sector público, tiene derecho a exigir incremento salarial; pero, que en el caso de los fiscales deben de hacerlo con cuidado, prudencia y comedimiento necesario, a fin de que la delincuencia no resulte beneficiada por una medida que ellos puedan tomar en su lucha por mejores condiciones laborales.
En tanto que Vargas consideró que los fiscales son un reglón importante de la justicia y entiende que deben ser remunerado con justo salarios. Sin embargo señaló que es lamentable que miles de expedientes de gente que tiene pendiente ventilar su caso en las cortes se vean afectadas.
No obstante, llamó a la reflexionó a los servidores del Ministerio Público, a fin de que los antisociales no aprovechen este justo reclamos y paralización de su funciones para hacer de las suyas ante la ola de criminalidad que azota al país.
El representante de Barahona indicó que ese caso de los fiscales y del sistema de Justicia debe quedar resuelto en la asignación presupuesto de esas entidades, cuando se introduzca el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en el Congreso Nacional el próximo mes de octubre.
Al menos 5,000 fiscales de la República Dominicana paralizarán sus labores este martes durante dos horas en demanda de un mayor presupuesto para el Ministerio Público a los fines de que les sean aumentados sus salarios.
Un juez de paz devenga un salario de 95 mil pesos y un fiscalizador 50 mil, marcando una diferencia injusta, consideran los miembros del Ministerio Público.
