Comerciantes de la ciudad dominicana de Bonao, capital de la provincia Monseñor Nouel, cierran este lunes sus negocios en señal de «duelo y luto» ante supuestas afectaciones económicas.
La protesta fue convocada por la Cámara de Comercio y Producción de esa población, considerada una de las más ricas del país pues combina la fértil agricultura con yacimientos de oro y níquel que son la mayor fuente de empleo para sus habitantes.
En un comunicado los comerciantes alegaron que sufren afectaciones por la falta de circulante, el desempleo, la desaceleración económica y una creciente inseguridad, y sostienen que «la quiebra es generalizada».
Los organizadores informaron que la protesta se realizará de forma pacífica desde las 14:00 horas en la Autopista Duarte y revelaron que se proponen llamar la atención del Presidente de la República, Danilo Medina, para que no promulgue la ley que declara a Loma Miranda parque nacional.
Loma Miranda es un paraje montañoso de gran riqueza natural y fuente de manantiales, ubicado entre las centrales provincias Monseñor Nouel y Concepción de la Vega, que unos quieren proteger ecológicamente y otros se empeñan en explotar mediante la minería.
La ley, que cuenta con amplio respaldo popular porque preserva la naturaleza, fue aprobada la semana última por el Congreso, que la envió al Poder Ejecutivo para su promulgación, pero desde entonces se han incrementado las presiones de los sectores económicos opuestos.
Los primeros en reaccionar fueron los propietarios privados de esos terrenos y, en especial, la empresa minera transnacional Glencore-Xstrata o Falcondo Xstrata Níquel, antes conocida como Falconbridge Dominicana, presente allí con una concesión expedida desde 1952.
El abogado de la minera, Eduardo Jorge Prats, reclama una compensación de cuatro mil millones de dólares, algo que llevó a fuentes del Senado a responder que el artículo 51 de la Constitución es el que establece los montos en estos casos.
Ante otra exigencia de Prats por supuesta violación de contrato de explotación, el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, recordó que la Constitución establece que los minerales que están en el subsuelo son propiedad del Estado.
