No son pocas las personas en la sociedad dominicana que entienden la necesidad de impulsar, de una vez por todas, la aprobación de la ley de partidos “llamado a regular los diversos aspectos de la vida institucional de los actores fundamentales del sistema democrático”, y postergado desde hace lustros.
Si se habla de “garantizar los mecanismos institucionales de supervisión y transparencia correspondientes”, para que el sistema político representativo garantice lo planteado por la Constitución, debe comprenderse por qué el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han propuesto talleres con los partidos políticos, la sociedad civil, académicos y expertos internacionales, a fin de incentivar el diálogo para la aprobación de dicha ley.
Se trata de darle el “carácter de urgencia” que amerita, sobre todo si se piensa que las elecciones presidenciales, congresuales y municipales de 2016, están más cercanas de lo que pueda creerse, y “asegurar los mayores niveles de orden y transparencia”, constituye aspecto fundamental de este instrumento, que debe disponer la regulación de los procesos más sensibles en las estructuras partidarias y definir hasta dónde la Junta Central Electoral puede poseer “las herramientas que requiere, para organizar adecuadamente el sistema”.
Los tranques que han significado las divisiones internas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y que cada quien entregue un proyecto diferente; unido esto a las disímiles propuestas de los partidos minoritarios- que obviamente, también cuentan-, y ese concepto de que cada organización política quiere que la Ley rija a su manera, ha resultado coyuntural en esta dilatación que, a fin de cuentas, retrasa la necesaria transparencia, esa que la población toda espera, y que tiene que ver con el reflejo claro y pertinente de dónde vienen los dineros de las campañas, o sea la declaración de los fondos y todo lo demás.
Otra vez el presidente Danilo Medina tiene que asumir la sabiduría salomónica que salve el prestigio político en el país y como tanto se reitera, que consolide la constitucionalidad.
