Sindicatos opositores y agrupaciones de izquierda participaban el jueves en la segunda huelga general este año contra el Gobierno de la presidenta argentina Cristina Fernández para reclamar mejoras salariales, en momentos de recesión económica y alta inflación.
La protesta, que se extenderá por 24 horas, afectaba fundamentalmente al transporte de cargas y aeronáutico, ferrocarriles, bancos, gasolineras y la administración pública. Los puertos en el área de la ciudad de Rosario, el mayor polo agroexportador del país, estaban paralizados.
No obstante, el Gobierno dijo que el acatamiento de la huelga era bajo debido a que sólo un puñado de sindicatos importantes la respaldaba.
«El 75 por ciento de los trabajadores manifestaron su voluntad de trabajar en el día de la fecha no adhiriendo al paro propuesto por un grupo de sindicatos de dirigentes sindicales opositores», dijo a periodistas el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich.
Grupos de izquierda bloqueaban los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y mantenían enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que intentaban evitar los cortes.
«Los motivos (de la huelga) son las suspensiones, los despidos sobre todo en las empresas automotrices, alimenticias y mecánicos, y también estamos planteando el impuesto a las ganancias y la reapertura de las paritarias (negociaciones salariales)», dijo a periodistas el dirigente ferroviario Rubén Sobrero.
Uno de los reclamos es que el Gobierno revise la escala del impuesto a las ganancias que se aplica a los salarios, dado que quedó desactualizada por la alta inflación haciendo que cada vez más trabajadores paguen el gravamen.
La protesta fue convocada por la principal central obrera opositora al Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT), que controla sindicatos clave como el de choferes de camiones, y la más pequeña Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), con influencia sobre los gremios de empleados estatales.
Los principales sindicatos industriales, cuya cercanía a Fernández les está generando conflictos internos con delegados de fábricas que responden a partidos de izquierda, no participaban de la medida.
