Los senadores Tomy Galán y Heinz Vieluf Cabrera defendieron este jueves la licitación realizada por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), para la construcción de las dos plantas a carbón, con el fin de generar unos 700 megavatios de electricidad en la comunidad de Punta Catalina, provincia Peravia.
Galán, representante de la provincia de San Cristóbal, dijo que las generadoras simbolizan un alto interés nacional y señaló que no se puede dilatar una acción de voluntad de un Gobierno frente a un problema que el país no soporta más: “Si hay algo que debe reconocérsele a el Gobierno es el trabajo que ha hecho en la transparencia de las licitaciones, para que los recursos invertidos puedan reflejar con exactitud ante una crisis económica que se utilizaron de manera eficiente”, destacó.
Apuntó que indudablemente de la crisis del sector económico, que ha tenido por décadas este país, mucha gente se ha beneficiado: “En esas licitaciones hay muchas luchas de interés y económicas; pero, que el beneficio nacional debe predominar actuando en consecuencia para superar ese dictamen del Tribunal Superior Administrativo (TSA),” acotó el senador.
Señaló que la sentencia no es concluyente ni de fondo y que solo es cautelar: “Solo hay que asumir los procesos jurídicos para superar de manera rápida esta situación, a fin de que no se ponga en peligro el cronograma de ejecución de las dos generadoras en Punta Catalina, Baní.
En tal sentido, el senador Heinz Vieluf Cabrera, expuso que el Gobierno fue muy transparente en el proceso de licitación, pero como se ven afectados los intereses de sus empresas han recurrido al “pataleo” en el TSA, donde tienen todos sus derecho en un país democrático.
Vieluf Cabrera afirmó que los empresarios no quieren que el Estado, mediante el Gobierno esté en el negocio de producir energía, para que no se reduzca los costos: “Vivimos en una nación donde la electricidad es muy cara. Hemos visto como los generadores privados le compra energía barata a las hidroeléctricas del Estado; pero, que se las venden al propio Estado por un montos seis veces mayor”, resaltó.
Explicó que como el sector privado no le ha dado el beneficio a la población de resolver el problema de los apagones, estamos de acuerdo de que el Gobierno si entre en la producción energética.
Recordó que la empresa de origen chino que sometió el recurso de amparo contra la licitación de la plantas a carbón, en el periodo 2004-2005 gano una licitación y no ejecuto la obra, lo que significa que todo proyecto tiene un límite y etapa: “La compañía que no pueda desempeñar un trabajo, aunque presente un presupuesto de elaboración más barato no se le pueda volver a dar una infraestructura, debido a que demostró al Estado que no pudo cumplir anteriormente”, puntualizó.
