Una vez más, varios anteproyectos de ley, que en su mayoría son reclamados por diversos sectores de la sociedad civil para establecer orden jurídico, financiero y ambiental, perimieron en la primera legislatura correspondiente al periodo del 27 de febrero, al 27 de julio del 2014, en Congreso Nacional.
Las iniciativas tendrán que esperar a que se inicie la segunda legislación ordinaria el próximo 16 de agosto, día en que los congresistas deben presentar al país las memorias de su gestión correspondientes al pasado año legislativo.
Durante todo el proceso de trabajo del primer Poder del Estado, los grupos de la sociedad civil abogaron y presionaron mediante vigilias y piquetes para que los congresistas sancionaran anteproyectos como son: el que designa Parque Nacional a Loma Miranda; Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas; la Electoral; Orgánica de la Policía Nacional; así como la que busca elevar de 5 a 7 años la fabricación de los vehículos importados; el Código Penal, Procesal Penal y Civil y la del Colegio de Abogados de República Dominicana.
Entre otras más que deberán ser reintroducidas se enumeran la ley de Eficiencia Energética y Ahorro de Recursos; Exequátur; sobre el uso de los Símbolos Patrios y Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
Igualmente, la modificación a la Ley 241, de Tránsito; la que establece Zonas de Tolerancia o Rosa; la que busca Regular las tarjetas de Crédito y la Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, las leyes de Aguas; General de Salarios del sector público; Regulación y control de Armas de Fuego; Seguridad de la Biotecnología; Sistema Nacional Estadístico y Control de Expendio, Suministro y Consumo de Bebidas Alcohólicas.
Algunas de estas ordenanzas fueron sancionadas por el Senado y otras por la Cámara de Diputados; pero varias solo pasaron por sus respectivas comisiones, y no lograron ser conocidas.
Conflictos entre las Cámaras
La primera sesión de los diputados, el día 04 marzo del presente años, inició con el rechazo a las modificaciones hechas por el Senado al proyecto de Ley que modifica varios artículos del Código Procesal Penal Dominicano, restableciendo la iniciativa original por la Cámara Baja.
De igual manera, la ordenanza que establece un Régimen Especial para las personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre Naturalización, generó fuerte debates en el Congreso Nacional y en el país, sometida el jueves 15 de mayo por el Poder Ejecutivo.
Otra situación que creó polémicas fue la acusación pública de la diputada Minou Tavárez Mirabal contra el presidente de la Comisión de Justicia, Demóstenes Martínez, a quien acusó de violar los procedimientos que dieron origen a que se aprobara un Código Procesal Penal con modificaciones que no se había conocido en ese hemiciclo.
Mirabal propuso el pasado 8 de abril, que el pleno del hemiciclo remitiera a la Comisión de Ética a los responsables de violar los procedimientos legislativos, mientras que Martínez se defendió de las acusaciones hechas, alegando que el modo fue realizado con la conformidad de lo que había perimido en varias ocasiones.
También los congresistas de la oposición y oficialistas chocaron de manera verbal, por la acogida de un informe favorable de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas referente a un informe sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al año fiscal 2012.
Los asambleístas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), criticaron el asentimiento del informe con duras acusaciones de supuesta corrupción durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández; pero la propuesta fue acogida con 96 votos a favor, 36 en contra y 16 diputados no votaron, de los 148 legisladores presentes.
Asimismo, los representantes de la Cámara Baja no asumieron las modificaciones hechas por el Senado al anteproyecto original que crea el Parque Nacional Loma Miranda, lo cual provocó fuertes cuestionamientos y serias acusaciones de irresponsabilidad, así como de supuestos pagos de sobornos para que no se conociera la pieza.
Proyectos con respaldo
Los hemiciclos del Poder Legislativo convirtieron en leyes las autorizaciones remitidas por el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Hacienda, a fin de contratar deudas públicas.
Entre ellas se refieren unos US$33,614 millones y colocación de bonos internacionales por 1,500 millones de dólares, entre otros, en condiciones supuestamente favorables para el país. Todas las iniciativas de este tipo de financiamientos fueron acogidas por los congresistas durante el periodo.
A lo anterior se suma el que crea el Sistema Nacional de Emergencia 911; el de referéndum; el que oficializa el Instituto Tecnológico del Cibao Oriental (Iteco), como universidad pública estatal, sin fines de lucro, adscrita al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con el nombre de Universidad Tecnológica del Cibao Central (Uteco).
Igualmente, la ley que autoriza la participación del Estado dominicano como promotor, titular y/o propietario, directa o indirectamente en la actividad de generación de electricidad, mediante la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee).
Unido a lo anterior, el proyecto que modifica la Ley No. 480-08, que crea las Zonas Financieras Internacionales, la cual evitará que se produzcan operaciones que tengan vinculación con el lavado de activos u otros dineros ilícitos.
