El inicio del Plan de Regularización de extranjeros ilegales en la República Dominicana, amparado por la Ley de Naturalización, ha sido una especie de “balde de agua fría” que ha calmado las demás pretensiones de Haití por la cuales las autoridades del vecino país habían tomado drásticas medidas contra el Estado dominicano.
Esto debido a que miles de haitianos residentes ilegalmente en República Dominicana podrían conseguir sus residencias, actas de nacimientos y otros documentos que justifiquen sus estadías y gocen de una serie de privilegios iguales a los criollos.
Evidencia de ello es que el proceso de diálogo entre ambas naciones iniciado por las comisiones bilaterales en enero pasado estuvo en un limbo, hasta que este martes se anunció que el próximo jueves 10 de julio, los gobiernos de la República Dominicana y Haití retomarán el diálogo en Juan Dolio, según lo ha anunciado por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.
No obstante, en opinión de expertos en estos temas, tal parece que las vedas impuestas por Haití a productos de procedencia dominicana, como es el caso de los pollos, huevos, salami y plásticos, entre otros, fue simplemente un pretexto con la intención de presionar al Gobierno para que se eche encima la carga de los haitianos ilegales que cada día son más en el territorio nacional.
Para el politólogo Alberto Castillo, las expectativas del funcionamiento de la Comisión Mixta Bilateral han sido frustrantes, porque no se observa qué papel está jugando el país y han dejado sobre la mesa aspectos fundamentales, los cuales habían sido anunciados. Habrá que esperar los resultados de esta nueva cita.
“La diplomacia dominicana luce a la defensiva sin estrategias claras y sin poder explicar los alcances de la sentencia 168 -2013 del Tribunal Constitucional, que confirma lo que establece la Constitución sobre quienes son dominicanos, así como la Ley de Regularización de Extranjeros”, apunta el experto.
Agrega que el problema es que las prioridades de quien elaboró la agenda a discutir, parecen ser otras, muy diferentes a los sectores críticos de Salud, Medio Ambiente, Cultura y Deporte. “Solo están empeñados en ordenar las aduanas para incrementar los ingresos fiscales”.
De acuerdo a Castillo los contenidos deben ser discutidos teniendo en cuenta los acuerdos y tratados internaciones y las entidades involucradas, pues el diálogo hasta ahora no ha avanzado, debido a los intereses particulares de empresarios haitianos, quienes violan las normas y procedimientos establecidos por la Organización del Comercio.
Según versiones extraoficiales, el “limbo” en que se hallaban las reuniones entre los dos Estados, se debía, precisamente, al incumplimiento de las autoridades criollas que habían prometido la entrada en vigencia del Proyecto de Ley de Naturalización.
Puntos pendientes
Según declaraciones del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, la agenda para la reunión de este jueves está centrada en comercio, seguridad, migración, medioambiente y aduana, a los que se propuso integrar los de salud, agua, energía, minería y cultura.
Entre otros asuntos pendientes, Gustavo Montalvo citó la restricción a los productos y la necesidad del establecimiento de un mecanismo oficial permanente de notificaciones, previo a la implementación de toda medida e instrumento legal que pueda representar una alteración o limitación al comercio.
Igualmente, la creación de nuevos protocolos, que permitan regular el transporte aéreo de personas y mercancías, la promoción y protección recíproca de inversiones, además de la gestión de los mercados fronterizos.
Alberto Castillo considera que los diferentes aspectos deben ser tratados de manera especial, y no condicionarlos al tema migratorio, porque la situación de salud es tan importante como lo relativo a la migración.
“En relación a lo laboral, es muy delicado, porque la mayoría de trabajadores haitianos está viniendo a establecerse en el mercado informal, donde no existe la protección de ningún sistema de Seguridad Social y constituye una verdadera tragedia humanitaria”, señala.
Para el especializado, el Estado dominicano debe establecer una verdadera política migratoria y buscar el auxilio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entiende que el Gobierno está cometiendo un atropello brutal contra los obreros, puesto que pretende ponerlos a competir con los braceros haitianos en base a un menor salario.
El politólogo tiene la hipótesis de que el alto índice de desempleo en el país se debe en parte a la oferta de mano de obra más barata de nacionales del vecino territorio, lo cual genera problemas sociales graves en la nación.
Castillo tiene la certeza de que la carencia de una estrategia de relaciones con Haití es el factor fundamental que hace inoperante a la Comisión Mixta Bilateral. Otra vez ambos países esperan resultados de estos diálogos.
