Las posibilidades de que el proyecto de Ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda sea aprobado en esta legislatura son escasas. El motivo: el Senado desechó la propuesta enviada por la Cámara de Diputados y conoció una nueva que reconoce el derecho de propiedad de la empresa Falcondo Xstrata Nickel y de otros supuestos propietarios.
Aparte de “reconocer” los derechos de propiedad de la empresa minera, los senadores dejaron en un limbo la identificación de los recursos para “indemnizar” a los supuestos propietarios de esas tierras.
El informe de la comisión especial del Senado, que encabezó Rafael Calderón, habla de modificaciones a la propuesta de la Cámara de Diputados; sin embargo, sugiere una redacción alterna que sustituye en todas sus partes a la remitida por los diputados, que tenía como propósito “conservar las fuentes acuíferas, la biodiversidad, la integridad ecosistémica y paisajística, mitigar los impactos del calentamiento global y la perturbación del clima”.
También preservar las potencialidades intrínsecas de los recursos y ambientes naturales capaces de garantizar su uso y aprovechamiento inteligente por parte de la sociedad dominicana, mediante el desarrollo del ecoturismo, la recreación y la educación ambiental.
Se establecía, además, que la gestión del parque se haría bajo la modalidad de comanejo, regenteada por una junta de desarrollo o consejo de administración conformado por las organizaciones comunitarias e instancias civiles, eclesiásticas y no gubernamentales que trabajaron de manera activa en contra del proyecto minero de la Falcondo Xstrata Nickel y en favor de la conservación de los recursos y bienes naturales que hoy justifican la existencia de esta área protegida.
Sin embargo, una vez en el Senado la propuesta fue cambiada en su totalidad. La comisión que encabezó el senador Rafael Calderón justificó los cambios en los estudios y el análisis detallado de las documentaciones recibidas y las opiniones vertidas por los distintos sectores de la sociedad con relación al proyecto de Loma Miranda.
Se analizaron trabajos y publicaciones, material escrito, exposiciones de expertos en la materia y de instituciones de la sociedad civil, iglesias y medios de comunicación, que emitieron sus consideraciones respecto a la iniciativa, “para llegar a conclusiones concretas, apegadas a los mejores intereses de la Nación en el orden jurídico nacional y la Constitución”.
Nuevo proyecto aprobado por el Senado
La propuesta aprobada por el Senado y que se entiende como un “gancho”, es el artículo ocho sobre el “Derecho de Propiedad”, el cual establece que dado el hecho de que los terrenos donde está ubicada Loma Miranda, incluyendo el área de los depósitos de minerales que contienen ferroníquel, están en posesión o son propiedad legítima de más de un propietario, corresponde al Poder Ejecutivo actuar sobre estos bienes con apego al Artículo 51 de la Constitución de la República, en especial en su numeral 1.
Este artículo de la Constitución dispone: «Ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa.»
El artículo nueve, referido a las fuentes de recursos para resarcir daños a propietarios privados de terrenos, establece dos condiciones para que el Estado cumpla con las obligaciones económicas que resulten de la aplicación de la presente Ley, y como consecuencia de expropiaciones, declaraciones de utilidad pública o variación del uso y goce de la propiedad, sin que pierda la condición de propietario.
La primera autoriza al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a incrementar en un diez por ciento el valor a pagar por concepto del otorgamiento de la Licencia o Permiso Ambiental aprobada a cada empresa, institución o persona para tener derecho a la exploración o explotación en el territorio nacional de minerales metálicos y no metálicos, incluyendo la roca, el yeso, piedra caliza, mármol, materiales extraídos de la tierra o la plataforma marítima destinados a la fabricación de cemento, arena, grava, gravilla, sal, cal, y materiales extraídos de la tierra, y otros que determine la legislación nacional.
La segunda dispone que “tomando en consideración los mandatos contenidos en el Capítulo IV de la Ley 64-00, el cual se refiere al Delito contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, sin perjuicio de las responsabilidades civil y penal que puedan derivarse de las violaciones a la Ley, se instituye la aplicación de una multa equivalente al doble del valor de mercado del área o territorio que haya sido impactado negativamente como consecuencia de la exploración y explotación de materiales metálicos y no metálicos, en el territorio nacional y su plataforma marítima”.
Pero el proyecto va más allá al fijar que “los recursos económicos obtenidos por los conceptos antes indicados en este artículo serán destinados a resarcir el pasivo ambiental que las actividades de exploración y explotación ocasionen al medio ambiente y los recursos naturales, así como los fines de cumplir con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República respecto del derecho de propiedad privada, sin perjuicio de los compromisos contractuales acordados entre el Estado dominicano y la empresa o empresas autorizadas a la exploración y explotación de cualquier fuente de mineral metálico o no metálico en el territorio nacional y su plataforma marina, así como la responsabilidad penal que puede derivarse de otros daños ambientales tipificados en la legislación dominicana”.
La iniciativa está en la agenda actual de la Cámara de Diputados, como único punto y aunque se prevé que será remitida a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para una nueva evaluación, no se descarta que haya debates.
A la primera legislatura ordinaria de este año le queda exactamente un mes y se descarta que sea tiempo suficiente para que haya una decisión al respecto.
Fue sometida el 10 de septiembre de 2013 por nueve diputados del PLD y el PRD y conocida el primero de octubre siguiente, liberado de trámites y aprobado de urgencia.
