Pese a que la Constitución dominicana, promulgada en 26 de enero del 2010, prohíbe la pena de muerte, varios legisladores en plenas sesiones en los hemiciclos del Congreso Nacional han exhortado a los miembros de la Policía Nacional y otros cuerpos castrenses a “darle pá bajo” a los delincuentes.
Luego de los pronunciamientos de varios congresistas, un amplio número de personas, acusadas de diferentes delitos, han muerto en aparentes intercambios de disparos, sin que el Ministerio Público pueda actuar contra los supuestos delincuentes ante los tribunales correspondientes del Poder Judicial.
El darle “pa bajo” es tomado como bandera por algunos parlamentarios ante la ola de crímenes que azota a la República Dominicana, especialmente por el sicariato y los constantes asaltos que le han costado la vida a decenas de criollos y extranjeros.
El pionero
El primero en convocar a los agentes de la uniformada a matar a los delincuentes fue el diputado Luisín Jiménez, por el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), quien ha recibido duras críticas por su planteamiento, que implica llamar a violar la Carta Magna.
Jiménez hizo su exhortación luego de que varios delincuentes durante un asalto dejaron ciega a la joven arquitecta Francina Hungría, al dispararle a la cabeza, con el objetivo de sustraerle su vehículo.
También el congresista Héctor Félix, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), pidió de manera personal al exjefe de la Policía Nacional, mayor general José Armando Polanco, cuando presidía esa institución, que: “cuando ustedes vayan a darle pá abajo a un delincuente no se dejen ver de los medios”, en medio de una visita a la Cámara Baja.
Al pedido de Jiménez se les suman Francisco Matos, Manuel Díaz y Alfredo Martínez.
Cámara Alta
Recientemente, el vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José María Sosa, favoreció el pasado 5 de marzo del presente año, que la Policía Nacional le dé “si quiere darle pa´ arriba o pa´ abajo, pero que le den, porque hay que darle” a los delincuentes.
Los pronunciamientos del senador por la provincia de San Pedro de Macorís se produjeron luego de que 29 personas resultaran heridas a machetazos en un centro de diversión, ubicado en el sector Los Alcarrizos de la provincia Santo Domingo.
Sosa calificó la acción como inaceptable y que las autoridades no podían permitir ni tolerar, porque “lo que han hecho esos individuos es un desafío”.
De igual manera, el senador Wilton Guerrero, de la provincia Peravia, calificó de espeluznante el caso y pidió al actual jefe de la Policía, Manuel Castro Castillo, investigar la conducta del comandante de la dirección de Santo Domingo Oeste, Ludwin Suardí Correa, la cual indicó que es muy sospechosa, porque este tiene un historial muy negativo, ya que alega que “donde está ocurren hechos delictivos que quedan impunes”.
El 14 de mayo del 2014 Los senadores arremetieron nuevamente contra lo que definieron “industria del sicariato”, surgido en la República Dominicana, al tiempo que pidieron al Ministerio de Defensa y a la Policía “darle pa´ abajo” a los autores de ese tipo de delitos.
El senador por Samaná y exfiscal del Distrito Nacional, Prim Pujals, proclamó que el Senado debe defender la sociedad y afirmó que ésta se encuentra atemorizada por el crimen: “Apoyo la decisión del jefe de la Policía, que dijo que ha levantado la bandera para enfrentar el sicariato que le está quitando la vida a personas, malas o no, pero que son seres humanos”, aseveró.
En tanto, Sonia Mateo, senadora por Dajabón, sostuvo que muchos hogares dominicanos hoy están sumidos en la tristeza porque uno de sus parientes ha sido asesinado por sicarios que cobran centavos, es decir 20, 30 y 40 mil pesos.
Aclamó al ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, y al jefe de la Policía, Manuel Castro Castillo, a unificar acciones, ya “que saben cómo controlar esa situación… si quieren los detienen, y le expreso total respaldo para que les den pa abajo a eso criminales”.
EE.UU. se pronuncia
El gobierno de los Estados Unidos de América, mediante su embajador en el país, se pronunció desde un comunicado de prensa, en el cual manifestó que le preocupaba la sugerencia que hicieron algunos diputados al exjefe de la Policía Nacional Polanco Gómez, de que ajusticien y den pa´ bajo a supuestos delincuentes.
El comunicado expresaba, además: “Como muchos dominicanos, nosotros estamos entristecidos y preocupados por los recientes incidentes criminales. Sin embargo, cualquier llamado a matar de manera extrajudicial a supuestos criminales no es una reflexión de una sociedad democrática y justa ni una solución a la criminalidad.
“Aquellos que tienen la tarea de legislar y de hacer cumplir la ley, tienen la gran responsabilidad de adherirse a ella. El Gobierno de los Estados Unidos de América apoya el liderazgo responsable dominicano en nuestro compromiso firme con el respeto hacia el Estado de derecho y los derechos humanos. Nosotros nos unimos a muchas voces que condenan este llamado de operar fuera del debido proceso de la ley”.
Casos recientes
Una de las razones por las que los agentes de la Policía Nacional están cumpliendo el mandato de algunos legisladores, se basan en las muertes de dos individuos acusados del supuesto homicidio de la segunda teniente de la uniformada, adscrita a la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), Mercedes del Carmen Torres Báez, en medio de un asalto.
Se trata del joven Juan Carlos Adames de la Cruz, de 21 años, y del menor Wandy Sánchez, ambos ultimados por agentes del orden, luego de que se emitiera una disposición de captura.
Adames de la Cruz fue baleado este domingo 31 en un motel de la autopista de San Isidro, mientras que Wandy Sánchez murió en el sector Casa Vieja, Villa Mella, Santo Domingo Norte, en un supuesto enfrentamiento con una patrulla de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).
Ambos occisos eran perseguidos de manera activa con relación a la muerte de la oficial Torres Báez, atacada a tiros la mañana del pasado día 26, mientras realizaba sus labores de dirigir el tránsito en la salida del puente Francisco J. Peynado, en Villa Mella, próximo al Polvorín.
Voces disidentes
El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que el problema de la criminalidad no se resuelve ejecutando delincuentes y llamó a la población a reflexionar y analizar esa situación para buscarle solución.
Castaños Guzmán expuso que esa respuesta crea situaciones de resentimiento y empeora el problema: “El país no está en guerra, aunque algunos aspectos de la política criminal del Estado se fundamentan en este concepto”, indicó el jurista.
En esa opinión, el politólogo y experto en temas de seguridad ciudadana, Daniel Pou, explicó que el argumento de “darle pa´ abajo” a los delincuentes no resuelve el tema de la violencia delincuencial y la seguridad ciudadana: “Muchas de esas ejecuciones que se realizan bajo el manto de ´la mano dura´, no se corresponden más que para romper la cadena de información en las que hay policías y personas de influencia implicadas”, acotó.
El especialista en el tema de la seguridad puntualizó: “Creo que el principal problema que hemos tenido se centra en tres cosas: primero, en que ha habido un déficit de voluntad política para enfrentar el delito; segundo, una carencia de políticas de prevención articulada con una robusta política criminal para frenar y prevenir el delito; y lo tercero, que es el elemento quizás más importante, una desarticulación de las instancias que tienen que ver con el Gobierno de la seguridad y el sistema de justicia”.
El 15 de mayo del presente año, diputados de diferentes bancadas condenaron que desde el Congreso se recomendara a las autoridades “dale pa bajo” (matar), a las personas que se dedican al sicariato o muerte por encargo en República Dominicana.
Indicaron que tanto el que asesina como la autoridad que ordena a ultimar al imputado se colocarían en igual posición. El diputado reformista Pedro Botello destacó que da mucha vergüenza el empleo de esas terminologías, cuando el deber de los senadores es legislar para que no se siga cayendo el proyecto de ley que busca modificar el Código Procesal Penal.
Este multimedios DominicanosHoy expresa su gran preocupación por la actual situación que a traviesa la nación, tanto por el auge de la criminalidad, como por las reiteradas exhortaciones de algunos legisladores a los cuerpos de seguridad del Estado, a matar delincuentes. Precisamente son ellos quienes han sido elegidos por el soberano para proteger y garantizar los mandatos constitucionales.
Solo con el fortalecimiento de los diferentes sistemas que rigen la justicia, se podrá ir resolviendo de manera gradual el estado de vulnerabilidad de las leyes, esas que muchas veces dejan con facilidad en libertad aquellos que delinquen…
