Organizaciones de la sociedad civil en el país prosiguen este jueves los análisis sobre los objetivos de un plan nacional para legalizar a extranjeros radicados en este país de manera irregular.
Esa iniciativa, que recibió la aprobación del presidente Danilo Medina a finales de noviembre pasado, debe comenzar a aplicarse desde el próximo 1 de junio.
Ayer miércoles, los vicetitulares del Ministerio de Interior y Policía, Washington González y Luis Fernández, iniciaron un proceso de intercambio de opiniones con representantes de unas 25 agrupaciones.
Entre estas últimas se encuentran la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugio, la Red de Encuentro Dominico-Haitiano Jacques Viau, y el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo en el Caribe.
También están el Movimiento Sociocultural de Trabajadores Haitianos, la Fundación Étnica Integral, y Solidaridad Fronteriza, entre otras.
Según fuentes oficiales, el referido plan cumple con el mandato de la Ley General de Migración y la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de septiembre pasado.
Tal fallo, con gran repercusión dentro y fuera del país, niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados y en tránsito, y tiene un carácter retroactivo a 1929 y su mayor impacto en descendientes de haitianos.
Entre las regularizaciones correspondientes se contempla la necesidad de que el extranjero demuestre vínculos de tipo laboral o socioeconómico con República Dominicana.
El ciudadano foráneo que desee acogerse al plan de regularización deberá hacer su solicitud dentro de un plazo de 18 meses a partir de su puesta en vigencia.
Quienes no lo hagan podrán optar por la repatriación asistida y en su defecto quedarán sujetos a deportación, según lo dispuesto por el ordenamiento jurídico.
