Luego de la aprobación a las modificaciones al Código Procesal Penal (CPP), por las cámaras de diputados y senadores, diversos sectores de la sociedad civil dominicana han levando sus voces en rechazo a que el Poder Ejecutivo promulgue la pieza.
Los juristas, mediante notas de prensa enviadas a los medios de comunicación, han solicitado al Presidente de la República Danilo Medina vetar el proyecto sancionado por los congresistas, por entender que varios de sus artículos son violatorios a la Carta Magna y a convenciones internacionales.
Instituciones como el movimiento Cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), Alianza Dominicana Contra la Corrupción Administrativa (Adocco), Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), son algunas de las entidades que han expresado su inconformidad con el nuevo CPP.
Quejas
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), calificó como un retroceso que en la modificación del Código Procesal Penal se limite la facultad de querella a las personas afectadas, de manera directa por un hecho, o a sus familiares, en rechazo a la lógica de la Constitución del 2010.
En tal sentido la Finjus opinó que las modificaciones aprobadas al CPP representan una combinación de avances y retrocesos en esta materia, cuya efectividad futura es debatible y algunos de los aspectos introducidos implican un serio cuestionamiento a principios constitucionales ya establecidos.
No obstante, la institución apoya sin reservas las importantes innovaciones que contiene el texto del CPP aprobado en el Congreso y confía en que algunos de los elementos introducidos puedan mejorar sensiblemente la acción de los diferentes actores del sistema de justicia penal.
De su lado, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), solicitó a Danilo Medina que observe el proyecto de ley que modifica el artículo 85 de la Ley 76-02, la cual excluye a las organizaciones de la sociedad civil como querellantes contra funcionarios públicos acusados de la comisión de actos de corrupción.
La entidad resaltó que la medida viola los convenios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la Organización de Estados Americanos (OEA), contra la corrupción, de las cuales el país es signatario.
Indicó que de materializarse las pretensiones de los legisladores: “el deterioro de la imagen de la nación en lucha contra la corrupción se ampliaría tanto a nivel nacional e internacional”.
En tanto que abogados del Instituto de Ciencias Penales, agrupados en el Foro Justicia para la Democracia Institucional, solicitaron al presidente Medina vetar la modificación realizada por el Congreso, porque a su juicio desmonta todo lo que el país ha avanzado en el servicio de justicia penal.
Los juristas Cándido Simón y Carlos Balcácer explicaron que la iniciativa tiene varios aspectos que confrontan dispersiones constitucionales, como evitar la prisión preventiva si no se determina culpabilidad de la persona acusada.
También destacaron que la prohibición de que los ciudadanos se querellen contra funcionarios públicos viola las leyes; la pena imprescindible, que mataría al juez de la Ejecución de la Pena al hacer irrevocable sentencia condenatoria, mutila el Habeas Corpus y no permite conciliación, entre otros aspectos.
El Movimiento Cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), manifestó que el Congreso demostró su respaldo a la corrupción y a la impunidad con la aprobación de la modificación que impide a la ciudadanía querellarse contra los funcionarios públicos.
En tal sentido, el movimiento solicitó al Presidente no promulgar las innovaciones a la Ley 76-02, que instituye al CPP y que fueron aprobadas por la Cámara Alta.
Reemberto Pichardo Juan, presidente del C3, reveló que la demanda, de fecha 27 de marzo del presente año, se hizo mediante comunicación en la cual se le notificó a la Presidencia de la República una “Petición de Interés Público”, con el propósito de que el primer mandatario se abstuviera de promulgar las modificaciones al Código Procesal Penal y que a su vez dichas modificaciones legislativas fueran observadas.
Respuestas
Ante la avalancha de quejas, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, manifestó que quienes rechazan y se oponen a las modificaciones al Código Procesal Penal, son abogados responsables y defensores de la mayoría de los grandes casos de criminalidad que ocurren en el país.
Martínez afirmó que los detractores de las modificaciones hechas al CPP se las van a encontrar peor, porque tienen menos posibilidades de violarlo: “Esas modificaciones le dan de frente a la delincuencia, la desnudan y lo desmontan”, agregó.
Resaltó que esas transformaciones para los legisladores son “innegociables”, porque tienen que ver con las debilidades en la implementación de ese CPP: “Es muy penoso que algunas de las personas que aparecen como firmantes de la solicitud, son muy preparadas, pero se han prestado a la manipulación de lo que verdaderamente se aprobó”.
Reclamo
El senador Rafael Vargas expuso que se impone con urgencia una reunión entre los presidentes de ambas cámaras, Reinaldo Pared y Abel Martínez, para corregir “lo que está sucediendo”, con el rechazo de las modificaciones hechas por la Cámara Alta a la pieza.
Vargas señaló que la comisión trabajó largas jornadas e incluso entrevistó a los técnicos y jueces de la Suprema Corte de Justicia, además de los mejores expertos en el tema, para armar este proyecto y no se tomó en cuenta: “Hay que tener respeto por el trabajo que hace una comisión” ,se quejó el senador.
La última decisión sobre este debate está en mano del Poder Ejecutivo, quien en las próximas semanas valorará si decide aprobar las modificaciones hechas al Código Procesal Penal, por los congresistas o escuchará los reclamos de las diferentes instituciones de la sociedad civil, quienes han manifestado de manera tajante su oposición a los cambios.
