Isabel Bonilla, experredeísta, después exdiputada peledeísta y ahora jueza del Tribunal Constitucional, se ha dado a la tarea de emitir criterios disidentes a dos sentencias del Tribunal Constitucional que buscan regularizar el estatus legal de los haitianos residentes en nuestro país.
Katia Miguelina Jiménez Martínez, exayudante fiscal en los gobiernos reformistas, después exjueza del Poder Judicial en la era de Subero Isa y ahora jueza del Tribunal Constitucional, también se ha dado a la penosa tarea de cuestionar estas dos sentencias que anteriormente señalamos.
Sin ninguna razón jurídica, política o constitucional, estas dos magistradas le han hecho un flaco servicio al país por lo que le vamos a solicitar al Congreso de la República que le hagan un juicio político por alta traición y sean inmediatamente destituidas de sus funciones para que en su lugar sean seleccionados verdaderos patriotas, que tanto en los foros nacionales e internacionales, asuman la defensa radical de la dominicanidad tal y como lo han hecho responsablemente el cardenal López Rodríguez, el presidente Danilo Medina, el senador Pared Pérez, el diputado Abel Martínez, el Dr. Leonel Fernández, el extinto Presidente Dr. Joaquín Balaguer, el Dr. Radhamés Jiménez conjuntamente con todos aquellos que en el pasado forjaron nuestra nacionalidad como fueron los padres de la patria, Gregorio Luperon y otros próceres dominicanos.
Lo sepan o no estas dos magistradas, es muy oportuno recordarles que el jus sanguinis es el principio universal que contempla la constitución haitiana, la cual dice textualmente lo siguiente: “todo hijo de haitiano donde quiera que nazca se considerará haitiano”.
Como ustedes podrán observar, mis amigos lectores, la constitución haitiana siempre ha seguido fielmente la tradición Europea en materia de nacionalidad, muy especialmente la francesa, por lo que se demuestra claramente que los argumentos de estas dos magistradas no se corresponden con la verdad.
De no pararse a tiempo esta campaña difamatoria en contra del país no sabremos cuáles serán las consecuencias, porque los organismos internacionales están planificando juzgar el país con el claro propósito de buscar sanciones diplomáticas, comerciales, económicas y estatales para aislarnos de la comunidad internacional con el único objetivo de someternos a los dictámenes del neocolonialismo.
Y es este objetivo político, y no otro, el que persiguen estas dos jueces con sus sistemáticos cuestionamientos no solo para socavar el prestigio y la autoridad del Tribunal Constitucional sino, además, para hacerle coro a las grandes potencias que siempre han acariciado el sueño de unificar la isla para que nosotros carguemos con la pesada cruz de estos jodidos haitianos.
Siendo así las cosas, debe rápidamente convocarse el Consejo Nacional de la Magistratura previo un juicio político en el Congreso de la República donde, reiteramos, estas dos magistradas deben ser destituidas de sus funciones porque han incurrido en el delito de alta traición a la patria.
