El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destituyó el miércoles al alcalde de Bogotá, después de que rechazó una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para mantener en el segundo cargo político más importante del país al líder de izquierda.
El mandatario de centro derecha comunicó la decisión que tiene implicaciones políticas a dos meses de los comicios en los que buscará su reelección, y que podría tener repercusiones en la negociación de paz que mantiene en Cuba con la guerrilla de las FARC para poner fin a un conflicto interno de 50 años.
«El Gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares», dijo Santos desde la sede de la presidencia.
«He recibido comunicación oficial del señor procurador general en la que me solicita decretar la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y debo proceder de conformidad con la Constitución y las leyes», agregó.
Santos, quien aseguró que Petro tuvo todas las garantías para su defensa, nombró como alcalde encargado de la capital colombiana al actual ministro de Trabajo, Rafael Pardo, y dijo que su decisión busca acabar con el estado de incertidumbre en la ciudad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, concedió el martes medidas cautelares a favor de Petro, horas después de que un tribunal colombiano ratificó un fallo que obligaba al funcionario a salir del cargo.
El organismo argumentó que la inhabilidad para ejercer cargos de elección popular sólo puede surgir por una condena de un juez penal y que la Procuraduría, que determinó originalmente la destitución, es una autoridad administrativa.
Petro calificó la decisión del presidente como arbitraria y «un cálculo político electoral», al tiempo que cuestionó la capacidad de Santos para hacer la paz con la guerrilla.
«(La decisión de Santos) demuestra que está incapacitado realmente para hacer la paz en Colombia», dijo en un discurso desde el balcón de la alcaldía, en el centro de Bogotá.
La decisión final estaba en manos de Santos, quien podía acoger la solicitud de la CIDH, lo que implicaba suspender la destitución del alcalde, o ignorarla y ejecutar el fallo del procurador ratificado por el Consejo de Estado, como lo hizo.
El panorama para el mandatario colombiano no era fácil debido a que cualquier decisión que adoptara tendría repercusiones políticas y electorales en un país históricamente polarizado entre izquierda y derecha, de acuerdo con analistas. Las votaciones presidenciales serán el 25 de mayo.
La decisión de Santos, que ha hecho de la búsqueda de la paz su principal gestión de Gobierno, provocó voces a favor y en contra en los sectores políticos y jurídicos del país sudamericano de 47 millones de habitantes.
