A este país lo viven provocando a cada momento como si quienes lo hacen se propusieran comprobar la socorrida “tesis” de que aquí se acabaron los hombres y quienes disponen del mayor desparpajo pueden hacer lo que les venga en gana.
La última gran provocación la acaba de anunciar con la mayor arrogancia del mundo el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien declaró a la prensa que no dará marcha atrás al aumento del peaje de RD$30 a RD$100 para los automóviles, de 50 a RD$166 para los micro y minibuses, de RD$60 a RD$200 para autobuses y camiones, y de RD$100 a RD$333 para los vehículos más pesados en las cuatro principales carreteras de Santo Domingo.
Quien escucha a Castillo admitir que pasará por encima de las leyes sin escuchar la protesta ciudadana al intentar fijar por su cuenta y capricho lo que quiere cobrarles a los conductores que utilizan las carreteras que se construyeron con fondos públicos aportados por los mismos contribuyentes, no puede menos que estallar en asombro ante semejante despropósito.
El ministro de Obras Públicas no solo patea la Ley de Presupuesto que aprobó el Congreso Nacional y en la que se establecen las fuentes de ingresos y se estiman los montos, sino que igualmente se atribuye funciones que hasta hoy corresponden al Poder Ejecutivo mediante decreto, aunque en realidad ese tipo de disposición debe ser contemplado como parte del sistema tributario y por tanto decisión de los legisladores.
Aunque el presidente Danilo Medina ha declarado –dándole un tapaboca a su ministro- que el aumento desproporcionado del peaje no es definitivo, corresponde a todos los dominicanos impedir, a cualquier costo, que se suba un peso más al peaje de las carreteras principales como si se tratara de nuevas obras construidas con fondos privados.
Cualquier aumento y bajo cualquier pretexto vendrá a golpear severamente a los trabajadores y estudiantes que diariamente se desplazan desde ciudades satélite de Santo Domingo porque a los transportistas públicos les será imposible cargar con ese nuevo costo operativo.
Pero ese incremento en los peajes también se convertirá en una multiplicadora de aumentos en todos los productos de consumo masivo porque si los camiones que entran y salen cada día a la ciudad cargados de plátanos, huevos, papa, hortalizas, frutas, granos, sal, harina, combustibles y otras materias primas quieren seguir operando, no tienen otra alternativa que cargar esos costos a su servicio y los comerciantes a los precios finales de las mercancías.
La gran perjudicada será la llamada clase media –que en realidad debía renombrarse como la clase pendeja que todo lo aguanta- porque a fuerza de sacrificio compra un vehículo particular porque el transporte público es un desastre y los gobiernos se encargan de sacarle por todos lados los pesitos que gana con su profesión, oficio o empleo. Y se los saca poniendo impuestos de todo tipo a los combustibles y al derecho de circulación.
La “mala nueva” del aumento de las tarifas en los peajes ya ha levantado una ola de reprobación que el pueblo dominicano debe seguir levantando para –como el 4% a la educación- convertir esa provocación en una demostración de gran unidad que derrote los caprichos de funcionarios que se creen que pueden hacer lo que les viene en gana con una población indefensa y narigoneada por las dádivas de políticos que no les importa la vida de la gente.
Ojalá que los transportistas públicos no caigan esta vez en la trampa de entenderse ellos por su lado con el gobierno para recibir una compensación para aceptar el aumento del peaje y dejar que solo los vehículos privados carguen con ese incremento.
Es hora de entender que todo el que se moviliza por las carreteras tiene que permanecer unido para evitar que se materialice ese aumento en los peajes de carreteras que fueron construidas con fondos públicos y que desde inicios de los años setenta se está cobrando peajes en ellas “para dar mantenimiento a las vías y puentes”.
Aunque algunos legisladores de todos los partidos se han pronunciado en contra de ese aumento en los peajes, hace falta que diputados y senadores tomen la iniciativa de defender a este pueblo de la voracidad de algunos funcionarios y hagan respetar la Ley de Presupuesto y reglamenten definitivamente el establecimiento de tasas en los peajes en función de la calidad de la vía, las distancias y los servicios que presta la operadora de las carreteras.
