Se estima que el 10% de las medicinas que se venden en el mundo son falsificadas y/o adulteradas, figurando República Dominicana en primer lugar entre los países de América Latina y el Caribe que incurren en esa práctica criminal, delito tipificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el Convenio de Ginebra como crimen mayor.
El consumo de medicamentos falsos genera ingresos de más de mil millones de pesos al año y causa muertes a diario en el país y otras naciones.
De acuerdo con la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), el crecimiento de los fármacos falsificados en el territorio dominicano se ha expandido tanto debido, entre otras cosas, al poco o ningún control de calidad, falta de legislación y deficiencia de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y otras instituciones que no hacen muestreos periódicos de los productos que se expenden al público en las farmacias.
El registro sanitario de República Dominicana está considerado el más complejo y tortuoso de la región, pues no se aplica la norma debidamente, tampoco la persecución penal ni la sustentación de los casos y las denuncias son débiles.
El negocio irregular de la medicina en el país envuelve sectores económicamente superpoderosos, que involucra a grandes laboratorios, farmacias y hasta a sectores del Gobierno, por lo que con frecuencia conocedores el tema se resisten a hablar públicamente sobre el particular por temor.
Pese a la alta gravedad del delito, en la Procuraduría General de la República Dominicana no existe un departamento adjunto para trabajar los expedientes de falsificación de medicamentos y etiquetados, sino que cada fiscalía lo trabaja indistintamente, haciendo un reporte de los casos que se presentan ante el Ministerio Público.
Quienes comercializan de manera lícita consideran que si en el país no se ha producido nunca una condena ejemplar en contra de quienes ejercen esta práctica ilegal, no ha sido por la falta de una legislación que lo penalice, sino por la ausencia de rigor en las sanciones.
La Ley 22-06, que modifica la Ley General de Salud 42-01, criminaliza la producción y venta de medicamentos adulterados, vencidos y contrabandeados; sin embargo, sólo autorizan al Ministerio de Salud Pública a clausurar temporal o definitivamente los establecimientos donde se incurra en esa violación.
Expertos en la materia consideran que la debilidad de la Ley se centra en no contemplar este delito como un intento de homicidio, sino como una simple práctica ilegal.
Expertos opinan
En un caso que pudiera llamarse excepcional, a mediados de noviembre del 2013, fue detenido y se le dictó 3 meses de prisión preventiva, como medida de coerción al exaspirante a diputado del Partido Reformista Social Cristiano y suplidor del Programa de Medicinas Esenciales (Promese), y Salud Pública, José Cruz, a quien se le acusa de alterar fechas de medicamentos vencidos y/o reetiquetarlos.
De acuerdo con las autoridades, las empresas: Jones Farmacéutica, Yomifar, Klonal Dominicana, Expofarma y Guifar, ubicadas en la calle La Vela No. 10, Arroyo Hondo, todas propiedades de Cruz, eran el centro de acopio y reetiquetado de productos, muchos vencidos desde hace más de cuatro años.
El destacado jurista y comisionado para los derechos humanos, Domingo Porfirio Rojas Nina, explicó que el país tiene diversos mecanismos para sancionar a quienes se dedican a falsificar medicamentos, como son la Constitución, el Código Penal y la Ley General de Salud 42-01, por lo que a su juicio lo único que se necesita es voluntad de las autoridades para hacerla cumplir.
Atribuyó las escasas sanciones al hecho de que las disposiciones jurídicas son pocas conocidas, aparte de lo poco diligentes que han sido las autoridades competentes, principalmente de Salud Pública, para enfrentar la problemática.
“Llegará un día en que los grupos de poder no puedan dirigir la conciencia de los pueblos, sino la misma esencia del pueblo que radica en los humildes, pobres, marginados y desamparados, que constituyen la mayoría del pueblo dominicano afectada por esa situación”, concluyó el doctor Rojas Nina.
La directora del Instituto de Protección del Consumidor (Pro Consumidor), Altagracia Paulino, entiende que esa práctica constituye un problema alarmante porque pone en riesgo la salud de la población, y no hay condenados ni establecimientos cerrados por esa mala práctica.
El ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, ha pedido a los ciudadanos involucrarse en las denuncias sobre la comercialización de los falsos fármacos, una salida muy simple a una problemática que en cualquier país civilizado habría puesto en aprieto a las autoridades sanitarias.
No existen datos exactos sobre el volumen de falsificaciones de medicamentos en el mercado dominicano, y es complicado incluso estimar el alcance del problema.
Una de las falsificaciones más comunes son los productos farmacéuticos para el tratamiento de la disfunción eréctil, hipertensión arterial, la obesidad, oncológicos y hasta genéricos, en menor proporción. Sin obviar el peligro que representan los pediátricos, también incluidos en esta peligrosa lista. Continuará…
