Me causó profunda pena los episodios que se registraron el pasado sábado en Boca de Cachón, Jimaní, porque una persona murió, decenas resultaron heridos y detenidos además de los daños provocados en un proyecto de viviendas importante que construye el gobierno para alojar familias expulsadas por la crecida del lago Enriquillo.
Ya sabemos que la mayoría de los obreros que construyen las casas de Boca de Cachón son haitianos y que reaccionaron violentamente cuando se enteraron de que no cobrarían dos quincenas de jornales por una dificultad de efectivo en una sucursal local de una entidad bancaria y fueron reprimidos por la Policía y militares destacados en la frontera.
Por lo declarado por las autoridades, desde el pasado lunes el gobierno pagó los jornales y el proyecto volvió a la normalidad.
Este episodio triste y trágico ha sido superado y ahora el proyecto puede continuar su ritmo.
Lo que me interesa saber es si todos estos obreros haitianos, que eran y son empleados por el gobierno, tienen estatus migratorio legal. No hay que ser un experto para saber que por el lugar donde trabajan y por la naturaleza de la obra, se trata mayoritariamente de mano de obra ilegal que es empleada –después de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional- por el propio gobierno.
La sentencia vuelve a quedar en evidencia: el Estado es un importante empleador de mano de obra haitiana con estatus migratorio irregular que la sentencia llama “en tránsito” para negarles derechos elementales más allá del de ser explotados.
Cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede preguntar cómo es que un hombre puede estar en tránsito a la vez que es un obrero que construye viviendas en un proyecto del propio gobierno central.
Señores jueces del Tribunal Constitucional su sentencia es evidentemente la consolidación de una decisión administrativa de la Junta Central Electoral de negar derechos fundamentales a miles de personas por su ascendencia haitiana como el de tener un nombre, un documento de identidad y una nacionalidad.
Sirven como obreros para ser empleados por el gobierno, los empresarios y particulares locales (es mano de obra de salarios miserables) pero no pueden contar con derechos aunque las constituciones hasta 2010 se los concediera de manera expedita.
Estos obreros están “en tránsito” para fines de derecho y responsabilidades, pero en la realidad están trabajando desde hace meses como obreros en un programa gubernamental.
