El presidente uruguayo, José Mujica, criticó el miércoles a Naciones Unidas por su llamada de atención al país sudamericano tras aprobar una ley que regula la producción y el comercio de marihuana.
En su informe anual de 2013, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que integra el organismo internacional mostró su preocupación por la legalización del consumo de cannabis con fines recreativos y destacó que se pone en peligro la salud de los ciudadanos.
Mujica, un antiguo guerrillero de 78 años, ironizó sobre los comentarios de la oficina y dijo que no se le prestará atención a sus reclamaciones, mientras un representante del Gobierno criticó a las Naciones Unidas por su intromisión en el asunto.
«Les vamos a dar tanta pelota (atención) como le dan las grandes potencias (países). Les vamos a ganar el partido», dijo el presidente a la prensa al retirarse de un acto.
La JIFE destacó en su documento que Uruguay viola la Convención de Drogas de 1961, a la que suscribió y que solo avala el consumo de cannabis por razones científicas o medicinales.
El Parlamento uruguayo aprobó en diciembre una ley que autoriza el autocultivo de hasta seis plantas o la compra de hasta 40 gramos mensuales de marihuana por persona en una red de farmacias autorizadas, siempre y cuando el usuario esté registrado en una nómina que será confidencial.
El Gobierno procura con esta medida debilitar el narcotráfico, así como la violencia y delincuencia asociadas a las drogas.
«La JIFE está lejos, ni se acuerda. Acá nos tenemos que entender entre nosotros. No tienen idea lo que es la sociedad uruguaya ni lo que son las tradiciones del Uruguay», agregó Mujica.
En el país, uno de cada tres presos cumplen prisión por crímenes vinculados al tráfico de estupefacientes.
El Gobierno está realizando la redacción de la reglamentación de la nueva ley, que comenzaría a regir en abril. No obstante, el sistema no entraría en vigor hasta finales de año.
«Preocupan a la JIFE algunas iniciativas que tienen por objeto legalizar el consumo de cannabis con fines que no son ni médicos ni científicos. Esas iniciativas, de seguir adelante, pondrían en grave peligro la salud pública y el bienestar de la sociedad», dijo la oficina en su informe.
El representante uruguayo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Milton Romani, pidió estudios para fundamentar las afirmaciones de la JIFE sobre perjuicios a la salud y cuestionó su imparcialidad.
«La JIFE no puede ser juez y parte. Menos aún prejuzgar. Menos aún sin haber empezado el diálogo con los países soberanos, o Estados que han aprobado medidas por referéndum popular», dijo el embajador.
No es la primera vez que la JIFE y el Gobierno uruguayo se enfrentan por este tema. En diciembre el presidente de la oficina, Raymond Yans, dijo que Uruguay tenía una actitud «pirata» y que Mujica se negó a recibirlo.
El presidente uruguayo dijo que Yans es un «viejo careta (falso)».
