Las fuerzas de seguridad de Venezuela registraron el lunes la sede del partido del líder opositor a quien el Gobierno culpa por las protestas antigubernamentales, denunció la agrupación política, mientras simpatizantes oficialistas y opositores se preparaban para disputarse las calles de Caracas el martes.
Las manifestaciones contra el deterioro de la economía y los problemas de inseguridad en la polarizada Venezuela cobraron fuerza el lunes, pero nada indica que puedan poner en juego la continuidad del presidente socialista Nicolás Maduro.
La violencia se apoderó la semana pasada de las protestas, provocando tres muertos y cientos de heridos. El mandatario responsabilizó al opositor Leopoldo López de los desmanes y las autoridades emitieron una orden de captura en su contra.
Aunque el lunes las demostraciones transcurrieron sin enfrentamientos, las tensiones aumentaron cuando el partido Voluntad Popular, que preside López, denunció que un escuadrón de la policía militar derribó las puertas de su sede en Caracas y lanzó gases lacrimógenos.
Los efectivos militares se llevaron ordenadores que contenían las grabaciones de las cámaras de seguridad, según el partido, en busca de dirigentes opositores.
«Rompieron la puerta y se llevaron la computadora donde están registradas las imágenes de las cámaras de seguridad», dijo a Reuters Alfredo Jimeno, concejal del partido.
Jimeno, que estaba en las oficinas cuando comenzó el registro, dijo que antes de que llegaran las fuerzas de seguridad un grupo armado no identificado causó destrozos y amenazó a los empleados.
No fue posible obtener comentarios del Gobierno de inmediato sobre la denuncia.
Un grupo de militares ya había entrado días atrás en la sede del partido en busca de López, quien está oculto desde que se ordenó su arresto bajo cargos de «homicidio» y «terrorismo».
Pero el dirigente opositor prometió entregarse el martes después de una marcha que convocó en el centro de Caracas.
«Venezolanos, vengan a Caracas. Marcharemos al MIJ (ministerio del Interior y Justicia) desde Chacaíto. Está notificada. No necesitamos permisos. Los derechos no se negocian», escribió López el lunes en su cuenta de Twitter.
Las autoridades de la ciudad advirtieron que la marcha de la oposición no está autorizada. Y el Gobierno de Maduro desafió a López, llamando el lunes a sus seguidores a congregarse en una céntrica plaza que queda en el camino de la planeada marcha opositora.
Los choques entre oficialistas y opositores han dejado en la última semana cientos de heridos y destrozos en oficinas públicas de Caracas y otras ciudades.
«LLUEVA, TRUENE O RELAMPAGUEE»
Miles de estudiantes marcharon el lunes hacia la sede del supervisor estatal de las comunicaciones, Conatel, para denunciar un supuesto «apagón mediático» que sacó del aire a un canal de noticias colombiano que se hizo eco de las protestas e hizo difícil, también, visualizar imágenes a través de Twitter.
Sin embargo, la manifestación se dispersó unas manzanas antes de llegar a destino por la fuerte presencia policial que incluía tanquetas y contingentes fuertemente armados.
En otras ciudades, cientos de manifestantes llenaron plazas y avenidas reclamando la libertad de decenas de personas que, dicen, aún permanecían detenidas.
«No abandonaremos las calles mientras existan objetivos por los cuales luchar», dijo el líder estudiantil Juan Requesens en Caracas, donde las protestas ya llevan seis días.
«Se dejará la calle en el momento en que cesen las colas, el desabastecimiento, la inseguridad», añadió antes de que dispersaran a sus compañeros con gases lacrimógenos.
Venezuela está partida casi a dos entre quienes defienden a capa y espada los millonarios planes sociales del Gobierno que han beneficiado a buena parte de la población, y los que quieren un cambio de rumbo, cansados de la vapuleada economía y de la galopante delincuencia.
«Llueva, truene o relampaguee, el fascismo no vuelve a entrar a Caracas», dijo Maduro el domingo en un discurso en cadena nacional. «Caracas lo hemos declarado territorio libre de fascismo»
PRUEBA DE FUERZA
Los disturbios generaron inquietud en el continente, tanto de aliados de Venezuela como de su rival ideológico, Estados Unidos. El Departamento de Estado estadounidense dijo estar «preocupado» por la tensión que reina en las protestas.
Maduro, heredero político del fallecido Hugo Chávez, asegura que Washington confabula con la oposición para derrocarlo, por lo que expulsó del país a tres funcionarios de la embajada estadounidense y les dio 48 horas para que abandonen Caracas.
El gobierno estadounidense rechazó las acusaciones.
Los manifestantes -la mayoría universitarios- siguen firmes en las calles y aseguran que no se irán a casa hasta que Maduro renuncie. No hay, sin embargo, señales de que ello ocurra.
«Las divisiones en la oposición así como la todavía alta popularidad de Maduro hacen improbable que las protestas opositoras sean capaces de desafiar la estabilidad del gobierno», dijo el banco de inversión Merril Lynch a clientes.
Las protestas son el último pulso entre el presidente y la oposición, que se queja de la alta inflación -que cerró el año en un 56 por ciento-, la escasez de productos básicos y uno de los peores índices de criminalidad en el mundo.
Maduro, un ex sindicalista de 51 años, sospecha que las manifestaciones buscan reeditar el guión del breve golpe de Estado que su mentor Chávez sufrió en 2002.
Pero la oposición asegura que lo que busca es un referendo revocatorio de su mandato, contemplado en la Constitución.
Las manifestaciones expusieron una fractura dentro de la oposición, donde el mayoritario sector moderado liderado por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles sostiene que la violencia sólo favorece al Gobierno.
«Acompañamos la protesta sin violencia», escribió Capriles en una carta pública. «No permitamos que la violencia nos lleve a un callejón sin salida. No perdamos el foco».
