Panamá.- Un día activo en relación con la crisis en la ampliación del Canal por la reclamación millonaria del consorcio GUPC, que construye el tercer juego de esclusas, vive este lunes Panamá, por la presencia de la ministra española de Fomento, Ana Pastor.
La ministra, quien llegó el domingo, inició ya reuniones con Manuel Manrique y otros directivos de la empresa española Sacyr Vallehermoso que lidera el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), integrado además por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, cuyos ejecutivos participan en el encuentro.
El grupo exige un pago de mil 600 millones de dólares por supuestos sobrecostos en las obras de la tercera esclusa por fallas geológicas no previstas ni detectadas en los estudios entregados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que esta rechaza tajantemente.
Expertos en el tema y dirigentes sociales cuestionan que el tema se haya politizado y trasladado a la arena diplomática cuando debió mantenerse en su ámbito contractual sin intervención de los gobiernos, y lo único que cabía era un llamado de la cancillería a los embajadores español, italiano y belga.
La posición del GUPC es unánimemente rechazada en Panamá por la sociedad civil y los partidos políticos que respaldan en su totalidad a la ACP, y de hecho se ha convertido en un tema de soberanía nacional.
Está previsto que en el curso del día de hoy Ana Pastor se reúna con el presidente Ricardo Martinelli, pero según los expertos, entre ellos, Guillermo Quijano, exmiembro de la Junta del Canal, la disyuntiva es una sola: el GUPC continúa las obras y abandona o atempera el reclamo, o se va, no hay posición intermedia.
Panamá, dijo, no pagará los problemas y deficiencias del GUPC ni permitirá que se negocie fuera del contrato, y debe rechazar la injerencia del embajador de España en el conflicto, aún cuando rectificó sus declaraciones iniciales de que el Canal podía financiar los sobrecostos.
