Panamá.- La Asamblea Ciudadana, que agrupa a varias instituciones nacionales, rechazó una politización de la crisis surgida en el Canal de Panamá con la amenaza del consorcio encargado de su ampliación de suspender las obras.
En un comunicado de prensa la Asamblea rechaza la injerencia politiquera del Ejecutivo y que ministros españoles o italianos vengan a Panamá a mediar en un contrato no estatal. Mañana el presidente, Ricardo Martinelli, se reúne con la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, para tratar el caso.
Añade que, de igual manera, son repudiables e intolerables las expresiones que, en abierta intromisión indebida, ha proferido el embajador de España en Panamá, Jesús Silva, autoarrogándose capacidad decisoria de algo que no le compete.
Su soberbia y arrogancia debe ser rechazada nacionalmente y exigimos su retiro inmediato de nuestro país por ser una persona non grata para nuestro pueblo.
La Asamblea llama a defender el Canal de Panamá, mayor activo del país y patrimonio del pueblo y enfrentar la avaricia del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el cual califica de antipanameño.
De igual manera destaca la delicada situación de la Autoridad del Canal (ACP), responsable del contrato comercial para la ampliación de la vía firmado en 2009 con el GUPC, integrado por la española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA.
Esa organización civil reclama salir del grave atolladero que ha generado la amenaza de paralizar la obra por parte del consorcio, y le exige respetar los términos y condiciones pactados dentro del contrato suscrito, de manera integral e irrevocable.
Resulta, igualmente, obligatorio que, a la mayor brevedad posible, la ACP haga de conocimiento público el avance real de la obra, todos los costos incurridos hasta el momento, los pagos efectuados y el dinero que se requerirá para llevar a feliz término el proyecto.
