La falta de voluntad política impidió que el Ministerio Público (MP), investigara y sometiera a la justicia durante el 2013, a varios funcionarios estatales acusados de malversación de fondos, entre ellos el expresidente Leonel Fernández, el senador Félix Bautista y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
La actitud de los representantes del referido organismo judicial frente a los casos denunciados, impidió que los incriminados por corrupción fueran sancionados en los tribunales.
Lo descrito define el 2013 como otro año más perdido en la lucha contra la corrupción administrativa, definida como la causante del acrecentamiento de los males sociales que afectan a la República Dominicana, al diluirse mediante esta práctica cerca de RD$100 mil millones del Presupuesto Nacional, según estudios de organismos internacionales y la sociedad civil.
Para el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, pese a la atribución que le da la Constitución al MP para actuar ante cualquier rumor de corrupción no ha hecho nada, condición que impidió que la justicia comprobara la violación a las leyes y procediera a sancionar los responsables.
En las acciones contra este mal juega también un papel importante la Cámara de Cuentas, entidad que finalmente debe dar los resultados sobre las investigaciones al gasto por parte de las instituciones, sin lo cual la justicia no puede culminar su trabajo.
Esto significa que debe existir una actuación de conjunto, en el cual si el MP no asume su responsabilidad de procesar y llevar a la justicia a los señalados, evidentemente ésta no tendrá material para ejercer su papel.
En ese sentido, esa limitación del Poder Judicial, evidentemente viene acompañada de una falta de acción del MP, que es donde se establece que no hay voluntad política para atacar la corrupción.
No obstante, aunque existe la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, ésta no realiza su labor al ritmo de los actos de doloso que se van cometiendo y, “prueba de ello es que a diario hay denuncia de irregularidades cometidas, en muchos de los casos por alcaldes, directores distritales y funcionarios públicos, que se quedan en el tintero y no se les da respuesta”, sostuvo De la Rosa Tiburcio.
En 2013 las denuncias de corrupción estuvieron encabezadas por el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, quien sometió ante la Fiscalía del Distrito Nacional al expresidente Leonel Fernández, y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), por presunta comisión de lavado de activo.
Transcurrido más de un mes de iniciado el proceso, la fiscal Yeni Berenice Reinoso dictaminó el archivo definitivo del expediente contra el exmandatario, lo que luego fue ratificado por el Primer Tribunal de la Instrucción del Distrito. Varios meses después de la decisión, aun persiste en la población dominicana la percepción de que la representante de la justicia no investigó las acusaciones.
Luego de perder esta batalla, el exfiscal del Distrito Nacional siguió su guerra en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que también declaró inadmisible el recurso que interpuso contra el expresidente, acusado de malversación de fondos públicos, quedándole como último recurso acudir al Tribunal Constitucional.
Pese a los fracasos, el presidente de Alianza País mantiene su firme decisión de no desistir de la acusación contra Fernández y la Funglode, hasta que no se establezcan las sanciones que les corresponden por los graves actos de corrupción que “él y sus socios corporativos” cometieron durante sus años de gobierno.
El 26 de agosto, cuando Moreno acudió a depositar por ante la secretaría de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, un recurso de casación contra la decisión emitida por esa Sala mediante la cual ratificó el archivo de la querella, apuntó que va a continuar con sus reclamos, porque no es de él sino de la sociedad que quiere una justicia independiente e imparcial que sancione la corrupción, acabe con la impunidad, así como con el borrón y cuenta nueva.
Otro caso de corrupción administrativa sometido ante el MP es el relacionado a la fortuna hecha por el actual senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, quien es señalado de agenciarse miles de millones de pesos mediante la sobreevaluación de obras construidas a través de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), que él dirigía.
Las demandas contra Bautista están guiadas por la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), y el grupo Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), entidades que pidieron fuera investigado por el financiamiento a la campaña del expresidente peruano, Alejandro Toledo, en el 2011, y por supuesta corrupción cuando se desempeñaba como director de la Oisoe, donde según la acusación malversó unos RD$800 millones.
La imputación del C3 se ampara en una auditoría de la Cámara de Cuentas hecha a la administración de Bautista en la Oisoe, en el año 2008.
Para el primero de los casos, el Senado de la República integró una comisión a fin de investigar la referida denuncia, pero hasta la fecha no ha ofrecido las conclusiones de sus averiguaciones, mientras que la Suprema Corte tampoco ha decidido sobre la imputación hecha por el grupo C3. El legislador también pidió a la Cámara de Diputados que cree una comisión para que lo indague.
El caso Bautista había sido archivado por el Director Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), pero la jueza de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Esther Agelán Casasnovas, a solicitud del CONA, lo revocó y ordenó seguir la investigación.
La lista de acusados por corrupción también la integra el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quien también fue sometido por el CONA, ante la Fiscalía del Distrito, el 5 de febrero de 2013, junto a la empresa Sargeant Petroleum, representada por Mustafa A. AbuNaba‘A., por violar la Ley de Compras y Contrataciones, así como incurrir en estafa y lavado de activos.
El presidente del Cona, Junior Ramírez, acusó a Díaz Rúa de otorgar a Sargant Petroleum, empresa de Abu Naba´A, 139 millones de dólares entre el 2003 y el 2012, y pagar dos veces un mismo contrato.
La querella contra Díaz Rúa y el ingeniero Mustafa A. Abu Naba’A, fue fundamentada en que en fecha 26 de febrero de 2003, la Secretaría (Ministerio) de Obras Públicas y Comunicaciones suscribió un contrato para el transporte, almacenaje y manejo de materiales asfálticos (AC-30) con la empresa Sargeant Petroleum, LTD, en virtud del cual el exministro de Obras Públicas suscribió trece adendas.
Luego, a finales de octubre, el CONA retiró la querella, y alegó que existen documentos que sustentan el poder de autorización dado al exfuncionario para suscribir las adendas al contrato suscrito entre el Ministerio y la empresa privada, cuyos documentos evidencian que no hubo violación a la referida Ley.
Mientras que la fiscal Yeni Berenice Reynoso afirmó que continuará la investigación, a pesar del retiro de la querella. Indicó que el Código Procesal Penal establece que puede ejercer de “oficio” la acción pública, y recordó que la investigación fue extendida por otros hechos.
En ese momento la fiscal del Distrito dio garantía a la sociedad de que se investigará, debido a que contra el exfuncionario de la gestión del expresidente Leonel Fernández pesan acusaciones graves.
En poder del MP también está una querella contra Díaz Rúa, por alegada corrupción en la construcción del puente sobre el río Masipedro-Camino Vecinal Los Arroyos, en Bonao, interpuesta por el ingeniero Francisco Sang de la Rosa, quien alega que el 28 de noviembre de 2007 firmó un contrato con Obras Públicas para la construcción del referido puente, que tendría un costo de 48 millones 543 mil 584 pesos con 68 centavos.
La instancia aduce que fue hecho por 48 millones 543 mil 584 pesos con 68 centavos, pero después la obra le fue reasignada a otro ingeniero por 247 millones de pesos, sin tomar en cuenta que el puente ya estaba terminado en un 74.69 por ciento.
Los acusadores y representantes de la sociedad civil entienden que debido a las dificultades existentes para llevar estos procesos se debe orientar un trabajo efectivo de lucha contra la corrupción, donde tanto el MP, como la Contraloría General de la República, jueguen su papel, para que al final los jueces reciban un expediente debidamente sustancial y puedan aplicar la sanción correspondiente y darles respuestas a lo que demanda la población respecto a la lucha contra ese flagelo.
Creen que la falta de aplicación de las leyes en este orden, implica una impunidad a favor de los funcionarios que cometen estos actos.
Lamentan que para el conocimiento de los casos no existe una estructura legal, a fin de que todos los hechos que se vayan a judicializar estén acompañados de una auditoría de la Cámara de Cuentas.
Criticaron que en algunos casos, salvo excepciones, encuentran el favor de índole político que en sentido general vienen a tomar una participación muy activa en la lucha contra la corrupción.
“Lamentablemente tenemos un mecanismo de investigación que recae en el MP, y ya todo se basa en lo que es la obtención y presentación de pruebas, las cuales si el MP verifica que no son suficientemente viables para llevar el proceso, le dan la salida que entiendan”, sentenció el director de Adocco.
RD entre los más corruptos
Berlin, Venezuela y Paraguay siguen siendo percibidos como los países más corruptos de América Latina, mientras Uruguay y Chile son vistos como los líderes en transparencia, según un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), publicado este martes.
La edición de 2013 del ya tradicional Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), de TI ofrece un ránking regional en el que, pese a la estabilidad de los resultados, destacan las caídas generales en América Central.
«Lo que salta más a la vista son las caídas de Centroamérica como bloque. Una explicación es que los grupos del crimen organizado necesitan la corrupción para traficar con drogas, armas y personas», aseguró el director para las Américas de TI, Alejandro Salas.
A su juicio, estas organizaciones y sus conflictos provocan un «desgaste sistemático» en toda la región, que contiene a los países con mayores caídas del ránking: Guatemala, Panamá, República Dominicana y Honduras.
