Profesionales del derecho de la provincia de Samaná se quejaron por las enormes dificultades en los servicios del ministerio público de esa localidad, afirmaron que la lentitud de los servicios y el costo de los mismos no permiten ejercer el legítimo derecho a la defensa de las personas.
Vinicio Peña, abogado litigante en la zona, destacó durante entrevista en la Fiscalía que la justicia de Samaná no es objetiva ya que los expedientes se le da curso por favoritismo político o por beneficio personal del fiscal y los jueces que ejercen funciones en esa demarcación. Peña, reiteró asimismo que para acceder a cualquier servicio se pierden días enteros por sencillo que sean.
Pese a que Robert Justo, fiscal del municipio Santa Bárbara de Samaná dijo que las atenciones son muy humanas y que es una de las áreas más seguras del país, Peña desmintió esa versión alegando que el ministerio público samanence es ineficaz y poco objetivo.
“Las dificultades son tan pronunciadas que se viola el principio de la legítima defensa de los habitantes, la procuraduría debe aperturar un tribunal colegiado en la localidad con el fin de agilizar los servicios”, reiteró Peña”.
En otro orden, el magistrado Robert Justo afirmó que las condiciones de la cárcel Municipal de Samaná son adecuadas mientras que Jhomar Báez, director de ese penal, pidió al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, la ampliación de la misma ya que la capacidad del recinto es de 150 reclusos y en la actualidad hay unos 306 albergados. De los internos en el penal unos 157 cumplen condenas, 149 aun están a la espera de definir su estatus; mientras que de los 306 prisioneros 24 son mujeres y 282 son hombres.
Báez demandó, además, la reparación de una cloaca del recinto carcelario que afecta a los reclusos y a la comunidad. Otros abogados consultados en el lugar pidieron a las autoridades se realizasen más de un juicio de fondo a la semana para poder agilizar los procesos, lentitud esta que perjudica a los reclusos.
