Atenas.- El gobierno de Grecia cerró de manera fulminante la Radio Televisión de Grecia (ERT) dejando en la calle dos mil 600 empleados y una buena parte de ellos celebraron su cuarto mes de resistencia.
Durante todo este tiempo, ERT consiguió seguir emitiendo de manera ininterrumpida gracias a la unión y la determinación de los trabajadores, que mantuvieron el canal abierto de manera autogestionada y libre, pese a que el gobierno cortó la señal de emisión con una medida que fue declarada ilegal por el Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo del país.
Han sido cuatro meses de producción y difusión informativa continua, junto a programas culturales, documentales y de ocio, a través de diferentes canales de internet y, durante un periodo de tiempo, por vía satélite.
«Nunca habíamos trabajado con tanta libertad y tan orgullosos de poder realizar un auténtico servicio público, dando voz a sectores sociales tradicionalmente silenciados por los grandes medios», explicó a Prensa Latina Babis Kokosis, uno de los redactores del área de radiodifusión.
«El camino no ha sido fácil», añadió el periodista, «y es un logro sin precedentes, a pesar de todas las dificultades en las que nos vemos a diario», sin embargo consideró prematuro dar la batalla por ganada pues «aún nos queda mucho por hacer».
Los datos muestran cifras millonarias en horas de visualización de programas, estadísticas de visitas a su página web y numero de oyentes en sus emisiones de radio, lo cual reafirmó a los gestores del canal en su reivindicación por una información independiente, de calidad y al servicio de los ciudadanos.
Por su parte, el gobierno impidió durante todo este tiempo que los trabajadores pudieran hacer uso del material de la cadena fuera de los edificios de la ERT, aunque no logró expulsarlos de muchas de estas instalaciones gracias al enorme apoyo popular con el que cuenta la iniciativa.
Además incumplió la orden dada el 17 de junio por el Consejo de Estado, que exigía el restablecimiento de las frecuencias radiotelevisivas públicas y se negó a debatir en el Parlamento sobre la situación de la cadena, agravando las consecuencias políticas y jurídicas que podrían derivarse del incumplimiento de la sentencia del máximo tribunal administrativo.
