Consultados por Télam, los legisladores Edgardo Depetri, del Frente para la Victoria (FPV), Ricardo Cuccovillo, del Partido Socialista (PS), Claudio Lozano, de Unidad Popular (UP), y Eduardo Santín, de la Unión Cívica Radical (UCR), destacaron los logros conseguidos a partir de estas leyes en materia de mayor protección a los ciudadanos, y coincidieron en señalar que “la salud es un derecho, no un negocio”.
También subrayaron que el Congreso legisla “para el conjunto de la ciudadanía y no para una corporación en particular”.
Se trata de las leyes de medicación por hepatitis crónica, de ligadura de trompas, de tratamiento hormonal de emergencia, de drogadependencia, de conductas alimentarias, de obesidad mórbida, de celiaquía, de asistente domiciliaria, de discapacidad, de alcoholismo, y de fertilización asistida.
Sobre ellas, los ejecutivos de las prepagas reunidos el mes pasado en un congreso de la actividad en Bariloche, dijeron que “no tienen rigor científico, ni razón de ser” y que fueron “sancionadas espasmódicamente y sin consultar a nadie”.
Depetri, en dialogo con Télam, sostuvo que “la lógica de los sistemas privados de salud es mercantilista y de ganancia fácil a costa de la salud de los usuarios”.
“Sin capacidad del Estado para limitar este comportamiento, termina conformándose un sistema que privilegia la ganancia por sobre la salud”, afirmó el legislador kirchnerista.
Sobre las afirmaciones de las prepagas, consideró que “estas opiniones se paran en miradas especulativas”, y subrayó que “se trata de sectores que piensan en sus ganancias antes que en la atención de la salud”.
“Para nosotros la salud es un derecho para todos y no un negocio para un sector. Nuestra política es incluir a millones de compatriotas en el sistema de salud”, subrayó el diputado, que integra la comisión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
Del mismo modo, Cuccovillo destacó que “la permanencia del sistema democrático ayudó a recuperar conceptos que hacen a la esencia de la protección del ser humano”.
En ese sentido remarcó que “la salud tiene que ser un derecho”, y puntualizó que “al igual que sucede con la educación, si la medicina prepaga da prestaciones en un área de derechos, tiene que asumirlo”.
“Tantos años de neoliberalismo, durante los ’90, engolosinaron a estos sectores económicos, que terminaron por distorsionar la atención de la salud”, estimó el legislador socialista.
También Lozano remarcó que estas empresas «creen que el derecho a la salud depende del dinero que uno tenga».
«El derecho a la salud es una responsabilidad de la autoridad pública y es lo que hay que garantizar: que todos puedan acceder al máximo nivel de prestación de salud disponible», señaló el diputado.
Indicó que el derecho a la salud «no puede depender del lugar donde uno nació, ni del dinero que dispone».
Así afirmó que las prepagas «creen que el derecho a tener atención sanitaria, que supone costos mayores, debe estar ligado al dinero que cada uno disponga, y que no que haya intervención del Estado garantizando que todos puedan tener acceso a este tipo de cosas».
En la misma línea, el radical Santín, aseguró que las leyes de salud «construyen una sociedad más justa».
«La realidad es que lo que dicen las prepagas tiene que ver con la medicina pensada desde el negocio», indicó el legislador, también integrante de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
Explicó que durante la discusión de estas leyes «se ha consultado primero a la gente, que es a la que en definitiva representamos, y entre los cuales están ellos (los ejecutivos de las prepagas) que también son gente».
«Pero tenemos la obligación de legislar para el conjunto y no para una corporación en particular. No legislamos para alguien en particular, sino para la universalidad», remarcó el legislador radical, no obstante lo cual puntualizó: «Escuchamos a todos, incluso a ellos, con quienes no hemos coincidido, pero los escuchamos».
