El secretario general el Frente Amplio (FA), Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, expuso que con la aprobación del proyecto de Ley del voto preferencial por parte de la Cámara de Diputados tiene de bueno que la preferencia se convierte en ley, quitándole esa facultad a la Junta Central Electoral (JCE), que lo había eliminado mediante resolución marcada con el número 74/2010 de fecha 29 de octubre del 2010.
Rodríguez Restituyo, no obstante, explicó que la aprobación del voto preferencial es ilegal, porque violenta los artículos 6, 7, 8, 22.1, 38, 75.2, 77, 208, y 209.2 dela Constitución Política de la República Dominicana de fecha 26 de enero del 2010; así como los artículos 79,80,81 y 120 de la Ley 275-97 y sus modificaciones.
El dirigente político entiende que esta aprobación a la carrera puede ser una táctica de un sector del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al tener mayoría congresual, para despedazar a la Ley de Partido e ir aprobándola por parte.
El secretario general FA sostuvo: “lo que corresponde es, aprobar un Código Político-electoral, que en un solo texto contemple todos los relativos a los procesos internos de los partidos reconocidos por la JCE, en las escogencias de candidaturas, los procesos de la administración electoral, de las campañas electorales, el financiamiento de los partidos, el escrutinio, la asignación de escaños, entre otras cuestiones que garantice en una sola ley con claridad las formas de convertir en poder público el derecho ciudadano de elegir y ser elegido”.
Dionicio Rodríguez acotó que de la forma de cómo fue aprobado el proyecto crea las dificultades que llevaron a la JCE a eliminarlo sin razón.
En ese sentido, dijo que el proyecto debe ser modificado en Senado para que exprese que el Voto Preferencial, es aquel por el cual el elector elige cuantos candidatos/as de sus preferencias sean elegibles en una circunscripción plurinominal, mediantes listas abiertas y desbloqueadas, presentadas por los partidos políticos, organizaciones incidentales y ciudadanos reconocidos por la JCE o el Tribunal Superior electoral (TSE).
