Aunque la Jefatura de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República informen “que no tienen evidencia de que dos cajas fuertes con más de 60 millones de pesos habrían sido robadas por agentes policiales, durante el sangriento allanamiento del residencial La Mulata III, en Sosúa, Puerto Plata”, el sometimiento a investigaciones a unos seis policías y el reconocimiento de estos de la existencia de dichas cajas y la ocupación de facturas y recibos de transacciones bancarias a algunos de ellos, por sumas millonarias que no pueden justificar, representa una de las violaciones más impresionantes de los últimos tiempos por parte de quienes deben impedir actos vandálicos de tal envergadura, no cometerlos.
 
En lo que los resultados afloren totalmente y se conozcan detalles, la población hurgará en las medidas que han sido y serán asumidas, tales como retiros y cancelaciones de  oficiales y alistados que participaron en el caso, pues lo penoso ya no es que se violen normas tan esenciales, sino cómo son enfrentados tales delitos.
 
En medio de tantas batallas por eliminar los actos delictivos en el país, y tras las movilizaciones de militares por calles y avenidas, a fin de enfrentar a ladrones y malhechores, no puede entenderse que personas del orden sustraigan relojes, pistola, y otros objetos durante un operativo.
 
Saqueo, vandalismo, hurtos, así como otras palabras de esta categoría no pueden desintegrar el código de ética de hombres y mujeres que han jurado ser guardianes del orden. La sociedad dominicana espera por los resultados finales de estas acciones y que se pongan a la luz detalles que enriquezcan la confianza, no la disminuyan, como está sucediendo.