Luego de once años de estudios, discusiones y vistas públicas, el proyecto de modificación al Código Penal (CP), pasó uno de los tres peldaños para convertirse en ley. Ahora la pieza debe ser aprobada por el Senado tal y como la envió la Cámara Baja para que el Poder Ejecutivo la promulgue.
Recientemente la Cámara de Diputados (CD), sancionó en dos lecturas el nuevo proyecto penal, el cual introduce cambios notables, con relación al vigente, que tiene 120 años. La mayoría de los debates se concentraron sobre las penalizaciones al aborto y los feminicidios. En tanto que agrupaciones feministas y sociales calificaron las disposiciones trazadas como un grave retroceso.
La iniciativa fue acogida por unanimidad en la primera y segunda lecturas y contó con 122 votos a favor y tres en contra, de los legisladores Pelegrín Castillo, Guadalupe Valdez y Juan Hubieres.
Para los sectores que defienden los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, el tema del aborto y el feminicidio no se termina con la aprobación de los artículos en esa materia penal.
Modificaciones y encuesta
Entre las modificaciones se enumeran la introducida por Juana Vicente al Artículo 119, que reza: “los golpes, heridas o violencias descritos en el artículo 87 del Código Penal, no causan la muerte a la víctima; pero, si una incapacidad total de trabajo por 90 días o menos, o haya causado alguna lección se sancionará con la pena de uno a dos años de prisión y multa de un día a dos años salarios”.
La diputada Josefa Castillo agregó un párrafo al artículo 90, que expresa que “no sea punible la interrupción del embarazo cuando se practique por personal médico especializado en centros o establecimientos de salud, públicos o privados; siempre que sea necesario para evitar peligro para la salud o la vida de la mujer”.
Los resultados del barómetro indican que el 61.2% de la población dominicana está a favor de que se despenalice la interrupción del embarazo cuando peligra la salud de la mujer. Esta opinión es compartida en términos muy similares por hombres (60.4%) y mujeres (62.1%).
El porcentaje a favor se incrementa de acuerdo al nivel educativo, oscilando entre el 49% de las personas sin ninguna educación y el 73% de las personas con educación superior.
En los datos de la encuesta, referidos a la relación entre actitud hacia la despenalización y grado de religiosidad, se refleja que el 57.4% se declara a favor de la despenalización en todos los grupos, incluyendo aquellos para quienes “la religión es muy importante”.
Reacciones
Sergia Galván, vocera del movimiento feminista, expuso que las modificaciones introducidas al Código Penal eliminan o suavizan las sanciones para quienes cometen violencia contra las mujeres y solo considera grave cuando haya muerte o si hay una lesión que provoque incapacidad permanente.
En cuanto al feminicidio, precisó que está sancionado solo cuando es cometido por el marido o el esposo, no así cuando se trate de un vecino u otra persona. Las feministas califican esas disposiciones como un grave retroceso.
Magda Rodríguez, presidenta de la Comisión de Género, dijo que nadie está a favor del aborto, debido a que es un fracaso y una desgracias para la mujer que debe pasar por esa circunstancia; pero, el organismo legislativo está apoyando esta práctica en tres condiciones excepcionales, cuando está en peligro la vida de la dama, en incesto y violación.
“No fue posible que se despenalizara en estos casos; pero, se abre una brecha para que cuando esté en riesgo la vida de la madre pueda realizarse”, acotó.
Rodríguez expuso que la Comisión de Género no pude dejar de señalar los puntos que no son abarcadores y resaltó, además, que el código está concebido para toda la sociedad: “Entendemos que hay elementos que no fueron incluidos; pero, en general es una buena ley, que tiene más luces que sombras”.
En tanto que Alejandrina Germán, ministra de la Mujer, aseguró que seguirá insistiendo hasta que se despenalice el aborto en sus tres propuestas sometidas ante el Senado de la República, como es el caso del incesto o la violación.
Germán enfatizó que la Constitución no habla de aborto, sino del derecho a la vida, y su juico no es inconstitucional que a una fémina se le interrumpa el embarazo si su vida peligra.
“Es traumático para una joven saber que su hijo es fruto de una violación o incesto, por lo cual debe tener el derecho a decidir sobre su reproducción sexual”, expuso Germán
La ministra de la Mujer destacó que esa entidad levantará su voz en la Cámara Alta para que se realicen las modificaciones en el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, a fin de que no se castigue el aborto.
De su lado, Abel Martínez, presidente de la CD y Demóstenes Martínez, de la Comisión de Justicia, razonaron que la nueva legislación extiende y protege a las damas en caso de violencia intrafamiliar, mientras que en situaciones de incesto o violación, actuarán conforme a la Constitución.
República Dominicana queda entre las pocas naciones de la región que mantienen la penalización del aborto; en tanto que estadísticas del mapa mundial destacan cómo los países que han instituido la despenalización se encuentran entre los que han alcanzado mejores niveles de calidad de vida para las mujeres.
