En los últimos años el pueblo dominicano se ha empoderado y ha logrado importantes conquistas sociales para el bienestar de la República Dominicana: asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), para la Educación, renovación del contrato Estado-Barrick Gold, evitar la explotación de Loma Miranda y presionar la escogencia del Defensor del Pueblo, entre otras.
El júbilo más reciente recibido por los quisqueyanos fue haber conseguido dos informes favorables, los cuales recomiendan que Loma Miranda no sea intervenida para extraer ferroníquel, presentados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Las autoridades medioambientales del país explicaron que negaron la licencia hasta tanto las condiciones socioeconómicas, ambientales y las tecnologías de aprovechamiento minero garanticen una explotación sostenible que no comprometa la integridad de los recursos naturales de la zona, que hacen posible la producción y dan soporte a la calidad de vida de las comunidades aledañas, como lo contempla la Ley 64-00.
Recientemente, el PNUD estableció que el estudio de impacto ambiental presentado por la minera Xstrata Nickel Falcondo contiene una serie de deficiencias, por las que no responde a las exigencias necesarias y, por ende, al desarrollo sólido de la nación.
Otro “trofeo”, con relación al derecho de beneficiarse de sus riquezas naturales, fue ganado por la sociedad dominicana con la transformación del convenio con la empresa minera Barrick, que extrae oro de la mina de Pueblo Viejo Cotuí. Tras una larga espera y con la presencia del presidente Danilo Medina, el pasado 8 de mayo, el gobierno anunció en el Palacio Nacional un acuerdo preliminar con la multinacional de origen canadiense.
En las declaraciones se acordó que se aumentarán los impuestos a la Barrick respecto a su producción e importación y con el cual el Estado ensancharía los ingresos casi seis veces más de lo que recibía: de 37.1% a 51.3 por ciento y reduce los de la empresa de 62.9% a 48.7%.
Durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el 27 de Febrero de este año, Medina informó que sometería al Congreso un proyecto de ley que establecería un impuesto sobre los ingresos inesperados de las empresas exportadoras de minerales, como la Barrick Gold, el cual gravaría con una tasa justa el excedente entre el valor de los cargamentos de oro a los precios en el momento en que se realicen las mismas y el importe de referencia para cada uno de los minerales.
“Hasta ahora hemos sido pacientes, pero la paciencia tiene un límite, y más para un gobierno que está a diario en la calle y ve dibujadas en el rostro de nuestra gente las urgencias de una mayor inversión de recursos, que le permitan mejorar sus condiciones de vida“, precisó Medina para entonces.
El mandatario dominicano advirtió que Barrick Pueblo Viejo mantenía una posición intransigente y que el gobierno no podía quedarse de brazos cruzados, y así fue.
Isla artificial
Otro proyecto leonino que la población empoderada logró dejar sin efecto fue la pretensión de construir una isla artificial de un millón de metros cuadrados frente al litoral sur de Santo Domingo (Malecón), que realizaría una firma española, en contubernio con ministros de la entonces administración de Leonel Fernández.
La desaprobación a la infraestructura por parte de la ciudadanía fue contundente, debido a que la franja costera, desde la desembocadura del río Haina hasta La Caleta, en Boca Chica, había sido declarada Parque Nacional en 1968 y se halla bajo un régimen legal especial.
Privatización playas
Tuvo gran eco, también, el hecho de que el Congreso Nacional se convirtiera en un centro de peregrinación de cientos de personas que repudiaron un anteproyecto que buscaba privatizar algunas playas en diferentes provincias del país, en especial en la zona Este.
Pescadores y ambientalistas fueron los primeros en oponerse a una iniciativa que buscaba dar paso a proyectos turísticos que no permitirían el acceso a la población común a disfrutar de sus costas.
Cementera
De gran trascendencia fue la victoria obtenida al lograr que se echara para atrás la construcción de una fábrica de cemento en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Los Haitises, en el Distrito Municipal Gonzalo, Monte Plata, donde grupos de todos los estratos sociales montaron un campamento permanente, con una reflexión generalizada sobre la conservación de los recursos naturales en esa región.
En este caso, de igual forma, favoreció a los dominicanos y dominicanas un informe del PNUD, el cual señaló que en el estudio de la empresa constructora para el levantamiento de la obra no se observaron principios de legislaciones legales nacionales e internacionales; que hubo falta de información y no se evaluaron los impactos ambientales y a la salud. Tampoco se consideró la conservación del patrimonio cultural como un objeto jurídico a proteger, y se ignoró la existencia de un acuífero kárstico local.
El 4% a Educación
El pasado año, el sector educativo dominicano logró por primera vez ser incluido en los programas de gobiernos de los candidatos presidenciales, a quienes la sociedad comprometió a otorgar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), al sector, lo cual fue concretizado al consignarle en el proyecto de Presupuesto General de la Nación un monto de RD$99,600 millones.
La partida asignada al Ministerio de Educación , equivalente al 4% del PIB, creó un precedente en la República Dominicana, debido a que los aspirantes a la Presidencia presentaron una propuesta detallada sobre cómo mejorar la educación y firmaron un pacto social con el pueblo.
Esta medida fue llevada a cabo por unas 203 organizaciones civiles, agrupadas en el movimiento Coalición Digna, quien se encargó de mantener vigente durante 2012 el tema de la educación, pese a ser un año electoral.
Defensor
El pasado 15 de este mes, el Senado eligió como Defensora del Pueblo a Zoila Martínez de Medina, luego de convertir en ley un proyecto que tenía varios años “engavetado” y que constituía uno de los reclamos de mayor prioridad de la población.
El Defensor del Pueblo es una autoridad del Estado, encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos ante abusos que puedan cometer los poderes públicos. Está amparado por ley 19-01, de fecha 15 de febrero de 2001.
Establece que su objetivo esencial es salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos, plasmadas en la Constitución, en caso de que sean violadas por funcionarios de la administración pública. Asimismo, deberá velar por el correcto funcionamiento del Gobierno, a fin de que este se ajuste a la moral, las leyes, convenios, tratados, pactos y principios generales del derecho.
Luego de esas conquistas, es de lugar recomendar a la población dominicana no bajar la guardia en el camino de éxitos que ha emprendido, luego de empoderarse en las luchas para ver resueltas sus demandas.
