La Procuraduría General de la República creó  un departamento especializado contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, el cual puso a cargo del magistrado Jonathan Baró Gutiérrez.
 
La disposición está contenida en el auto No. 43, donde el procurador Francisco Domínguez Brito destaca que éste responde a las atribuciones y facultades que otorga el Consejo  Superior del Ministerio Público, como persona que encabeza ese órgano, así como de las atribuciones y facultades que le concede la Ley Orgánica del Ministerio Público.
 
Mediante ese auto, Domínguez Brito también nombró a la magistrada Aracelis Peralta Franco, como miembro de esa Procuraduría Especializada.
 
Baró Gutiérrez y Peralta Franco al momento de su designación desempeñaban las funciones de procuradores generales de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
 
Las procuradurías especializadas fueron instituidas por el Consejo Superior del Ministerio Público con alcance nacional o regional, atendiendo a la complejidad de los casos, la vulnerabilidad de las víctimas, el interés público comprometido o las prioridades institucionales.