Niños, adolecentes, adultos, envejecientes, inclusive minusválidos, fueron sacados a tiros y bombazos de sus humildes viviendas, en el sector “El Chucho”, del municipio Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, por decenas de agentes de la Policía Nacional, quienes actuaron en favor de una empresa privada.
Las más de mil 500 personas residentes en el lugar permanecen a la intemperie, luego de la destrucción de sus hogares, acción calificada como un verdadero “chuchazo”, debido a que todo lo que tenían económicamente estaba invertido en la construcción de las casitas.
La brutal expulsión y devastación fue realizada bajo una supuesta disposición de la Oficina del Abogado del Estado, ante la Jurisdicción Inmobiliaria, de fecha 31 de enero del presente año, numeral 115, la cual autorizaba el desalojo de todos los habitantes que ocupaban el área.
Según el documento entregado a las familias, la Jurisdicción Inmobiliaria otorgó protección policial a sus homónimas inmobiliarias Pueblo Viejo, S.A, y Madrigal, para que los miembros de la uniformada hicieran efectiva la destrucción de cientos de hogares humildes.
La notificación está rubricada por Fermín Casilla Minaya y Esperanza Ortíz, jurista y secretaria ejecutiva de la Jurisdicción Inmobiliaria, con los fines de echar a los supuestos invasores de las parcelas, amparada en los certificados de títulos números 3000046685 y 3000046684, expedidos por el registrado de títulos del Distrito Nacional.
Desalojados
David Núñez, de 67 años, quien lleva más de una década cultivando los terrenos en litis y cuatro residiendo en la comunidad, explicó que le sorprendió la presencia de la Policía, debido a que las tierras pertenecen al Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), y no a ninguna inmobiliaria.
Núñez narró que salvó su vida de milagro, ya que una pala mecánica derrumbó su morada, cuando se encontraba durmiendo: “No me daré por vencido, voy a luchar aunque tenga que morir. Es lo único que tengo para vivir”, aseveró el envejeciente.
En la parcela ocupada por don David Núñez, éste cosechaba yuca, guandules y plántanos: “No tengo ningún inconveniente en pagar al CEA, si establece cuotas. Y estoy seguro que nadie se negará a liquidar los solares; pero, no se lo vamos a dejar a ningún empresario oportunista”.
En tanto que Claudia Nin, quien se ganaba el sustento de sus tres hijos trabajando en su pequeño colmado, manifestó que los agentes policiales se comieron todo lo que pudieron y lo que quedó lo cargaron en uno de sus vehículos durante la noche y el día del pasado viernes 19 del mes en curso: “Aquí no dejaron nada, hasta los motores de los frises se los llevaron, como si fueran dueños de los artículos del hogar”.
De su lado, Idelfonso Santana, presidente de la junta de vecinos “Solución, Amor y Paz” concerniente a “El Chucho”, expresó sentirse conmovido por la bestial acción, ya que el pasado 22 de marzo, previo a la Semana Santa, el gobernador provincial, Juan Ramón Frías, quien se hizo acompañar de varios ingenieros, así como técnicos de los ministerios de Obras Pública y Comunicaciones (MOPC), y Educación, realizó un primer picazo y dejó marcados los terrenos donde se pretendía construir una escuela básica.
Santana dijo que en el lugar tenía una inversión superior a los RD$2millones; pero, su mayor preocupación es buscar un refugio para su familia, ya que al igual que cientos de personas, se encuentran sin techo.
Samuel Martínez, vocero por los afectados , señaló que lo que se ha hecho no solo se puede llamar desalojo, si no “abuso de lesa humanidad”, debido a que las autoridades policiales no tomaron en cuenta la cantidad de niños y mujeres embarazadas que estaban dentro de los hogares para destruirlos.
Martínez denunció que supuestamente el coronel de la Policía, Rubén Castro Pérez, encargado del municipio de Los Alcarrizos, habría recibido una fuerte suma de dinero y otros oficiales, que solo reconoce como Lora y Cordero, “cogerían” más de un millón de pesos para realizar el desahucio.
El dirigente social indicó que los residentes quieren saber si en realidad esas inversiones existen, ya que no tienen problemas con abandonar el lugar; pero, que debe ser comprobado ante las instituciones estatales correspondientes.
La mayoría de los comunitarios acusaron al alcalde Junior de los Santos y al empresario Francis Gas de provocar la expulsión, ya que supuestamente tienen en planes realizar proyectos habitacionales en la zona.
El pasado sábado 20 de abril, los afectados realizaron una marcha-protesta en la avenida principal del municipio; sin embargo, luego de retirarse los medios de comunicación del lugar, los manifestantes fueron nuevamente agredidos por agentes, quienes lanzaron bombas lacrimógenas.
El sector”El Chucho” fue bautizado recientemente por los moradores con el nombre del fallecido presidente venezolano, Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, a quien consideran un protector de la clase más humilde.
Esta localidad se desenvuelve en la actualidad sin los más mínimos servicios básicos como son: agua potable, conexiones eléctricas, calles y aceras, centros educativos y sanitarios, lo que constituye un nuevo núcleo de pobreza para el Gran Santo Domingo y el país.
Los habitantes albergan la esperanza de ganar la lucha en los tribunales y una vez que esto suceda, exigirán a la Sala Capitular del Ayuntamiento de Los Alcarrizos colocar mediante resolución el nombre de Chávez Frías al sector, en agradecimiento a Venezuela por la cooperación brindada a República Dominicana durante sus mandatos presidenciales.
La comunidad El Chucho o Comandante Hugo Rafael Chávez Frías se encuentra ubicada en la parte sureste del municipio de Los Alcarrizos. La mayor cantidad de los domicilios fueron construidos de maderas y zinc, muy pocas en cemento y block, ya que constituyen una población de poca solvencia económica.
