La falta de control y las facilidades con las que se puede adquirir un arma de fuego, de manera legal o ilegal, en la República Dominicana, se ha convertido en un problema social, debido que ese artefacto está en manos de la población civil y de personas que las utilizan para cometer actos reñidos con la justicia.
 
De acuerdo a estadísticas oficiales, en el país hay unas 209,000 armas de fuego legales, mientras que otras opiniones señalan que existen más de 700,000 ilegales, las cuales son causantes del alto índice de muertes violentas que ocurren a diario.
 
En ese sentido, el ministro de las Fuerzas Armadas (FF.AA), almirante Sigfrido Pared Pérez, manifestó que al territorio dominicano llegan armas de fuego ilegales hasta en tanques de comida, en la mayoría de los casos desintegradas y luego ensambladas una vez en el país.
 
Ante tal escenario, Pared Pérez dijo estar de acuerdo con la propuesta de que la gente entregue voluntariamente las armas, sin cuestionar su procedencia y que al propietario se le pague el precio de compra inicial, no el que tiene en el mercado actualmente.
 
Esta opinión ha generado controversia en algunos sectores de la sociedad, debido que consideran que el nivel delincuencial no depende de quién o cuántas armas de fuego hayan, sino de la desigualdad social y la falta de seguridad ciudadana. Mientras que otros entienden que la proliferación de este objeto está directamente relacionado con la criminalidad.
 
De igual opinión es el politólogo y sociólogo Pedro Catrain, quien argumenta que la gran cantidad de armas, unidas la terrible crisis económica que vive la nación, dispara los niveles de violencia, ya que resulta más fácil atracar o matar para apropiarse de lo ajeno.
 
“Creo conveniente un desarme a la población, puesto que la nación dominicana es uno de los países más armados, debido a que las autoridades entregan la licencia de tenencia y porte de forma clientelista”, argumentó Catrain.
 
No obstante, el abogado y experto en seguridad nacional, Polivio Rivas, aclaró que relacionar el nivel de transgresión con el número de armas en la población es un razonamiento equivocado, tras explicar que esa problemática se debe a la desigualdad social y a la inseguridad ciudadana.
 
“En Suiza todos tienen un arma de fuego en sus casas y, sin embargo, no registra un nivel alto de criminalidad; pero, existe mejor educación, mayor poder adquisitivo y menos diferencias sociales”, sustenta el jurista, quien fuera juez suplente de la Junta Central Electoral (JCE).
 
Rivas precisa que el arma que agrede es la que está en manos de quien nada tiene y si fuera por violencia, tendrían que desarmar a la Policía, debido a que en la mayoría de los hechos están involucrados agentes del orden.
 
Asimismo, el abogado Francis Checo entiende que la falta de control para identificar quién posee armas legales o ilegales acrecienta el problema, porque la mayoría de las fechorías se hacen con las no regularizadas y eso afecta a los que cumplen con la ley.
 
“Muchas personas ameritan tener y portar un arma, ya sea un empresario, jurista, cobrador y todo el que defiende intereses económicos”, reflexiona Checo.
 
Este tema también se discute en los Estado Unidos, donde crece la presión para que el Congreso limite el acceso a las armas de fuego y el presidente Barack Obama pidió que se verifiquen los antecedentes de todos los artefactos que se compren.
 
Las posibilidades de que el Congreso apruebe medidas similares parecen desalentadoras por las preocupaciones de los republicanos conservadores y demócratas moderados que están a favor del derecho a tener armas.
 
Ojalá que esta vez se encuentre una solución inmediata a esta situación, tanto en los Estados Unido como en República Dominicana para que los incidentes y hechos lamentables ocasionados por el uso indebido de las armas de fuego, sean cosas del pasado y solo aquellos que están aptos para poseerlas y portarlas puedan hacerlo.