Resulta que hasta en tanques de comida llegan al país las armas de fuego ilegales y el ministro de las Fuerzas Armadas (FF.AA), almirante Sigfrido Pared Pérez, asegura que el 80% de estas es de material plástico y solo el tubo del cañón es de metal, de manera que los traficantes pasan menos trabajo para entrarlas al territorio nacional.
En el país, un anteproyecto busca el desarme de la sociedad civil, presentado por ante el Congreso Nacional por la Pastoral Juvenil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se busca que la población “entregue su arma de forma voluntaria y que el Estado lo indemnice por el precio del artefacto al momento que lo compró, no por lo que cuesta ahora”.
No por gusto las armas se han convertido en tema, no solo nacional, sino mundial. Barack Obama intenta lograr que se apruebe una legislación eficaz sobre el acceso a las armas de fuego.
En República Dominicana los criterios oscilan, como siempre que se debate algo; pero, la realidad es que alguna medida debe existir para controlar las manos sobre los gatillos, de quienes poseen gran cantidad de pistolas, revólveres, escopetas y hasta fusiles de manera ilegal.
El contrabando y la proliferación de armas de fuego en manos de la población civil se ha convertido en un problema que trasciende a dominicanos y dominicanas, cuyas estadísticas oficiales registran unas 209,000 armas de fuego legales, mientras que otras opiniones señalan que existen más de 700,000 ilegales.
Si bien al delincuente no le interesa legalizar un arma, tal y como subraya Pared Pérez, lo importante es que se exijan medidas capaces de controlar el tráfico ilícito y lograr algún día no lejano que se reduzca esa violencia que constituye uno de los más grandes problemas de Latinoamérica y de la nación dominicana, sin duda alguna.
