Lima.- El expresidente peruano Alan García comparecerá ante una comisión parlamentaria, cuyos miembros se proponen interrogarlo sobre la libertad que concedió a miles de condenados por narcotráfico.
El tema ha ganado las primeras planas tras revelar el domingo último una televisora que García indultó o redujo las penas de más de cinco mil presos, cifra insólita, y de ellos más de tres mil narcotraficantes.
El exgobernante (1985-90 y 2006-11) alegó el lunes último que lo que hizo fue ejecutar una política para descongestionar las hacinadas cárceles, reduciendo el número de internos en más de diez por ciento, con criterios compasivos.
Al alegar que no hizo nada ilegal, sostuvo que revisó cada expediente y solo liberó transportadores de droga -el escalón más bajo del narcotráfico- y ladrones de poca monta.
Su prédica ha sido poco convincente, a la luz de informes de prensa que dan cuenta de varios casos de traficantes de vuelo mayor que puso en la calle, incluido uno apresado por dedicarse a fabricar droga en Paraguay.
El presidente de la comisión parlamentaria investigadora que hoy interrogará a García, Sergio Tejada, adelantó que la cantidad de presos liberados -aproximadamente tres por día durante cinco años- es escandalosa y que incluyó a 400 traficantes de mayor peligrosidad.
Un diario local recogió versiones de presidiarios que dicen haber escuchado que durante el gobierno de García las reducciones de penas costaban sobornos de diez mil dólares por año.
Diversos comentaristas señalan que, ante el escándalo, García se ha lanzado a cuestionar al presidente Ollanta Humala y exigirle que indulte al expresidentes Alberto Fujimori, a fin de distraer la atención sobre el caso de los delincuentes liberados, que pretende atribuir a maniobras políticas.
Ese no será el único tema de las 80 preguntas que tiene lista la comisión, que también lo interrogará sobre otros casos, pues el grupo legislativo tiene la misión de investigar un amplio número de casos de posible corrupción en el último gobierno de García.
Sobreprecios en obras públicas y un caso de desaparición de supuestas pruebas de corrupción en manos de una empresa de espionaje electrónico, son parte de los temas que aborda.
