Empresas de salud colombianas rehúyen trasplantes a menores de edad

Bogotá.- Uno de cada 15 mil niños colombianos nace con atresia de las vías biliares, una enfermedad congénita que afecta el funcionamiento del hígado y requiere un trasplante del órgano, operación que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) bogotanas rehúyen.
 
De no diagnosticarse a tiempo o no restaurarse el flujo biliar mediante una cirugía, la deficiencia hepática registra una progresión creciente, asociada al desarrollo de una cirrosis biliar secundaria. Según datos oficiales, en el mundo uno de cada mil 200 recién nacidos la padecen.
 
En Colombia el costo de la operación oscila entre 250 y 350 millones de pesos (entre 164 mil y 191 mil dólares), y las EPS aducen que llevarla a cabo equivaldría privar de la prestación de servicios de salud a 800 colombianos al año.
 
El drama más reciente lo vivieron los padres de una niña de 16 meses a quien, desde los tres, le diagnosticaron esa enfermedad cuya raíz es la ausencia o mínima dimensión de las vías que conducen la bilis del hígado a los intestinos.
 
Tras dos fallas hepáticas de gravedad, un paro cardiorespiratorio y el tránsito infructuoso por varios hospitales capitalinos bajo el régimen de las EPS, los padres de la menor se vieron forzados a recurrir a una acción de tutela ante la Fiscalía para que su hija fuera atendida.
 
El recurso jurídico se aplica para preservar, ante un riesgo inminente, los derechos humanos elementales de los ciudadanos. En consecuencia, un juez municipal autorizó el trasplante y manutención de la familia durante el tratamiento de la menor en la Clínica Valle, del sureño departamento de Cali.
 
El cirujano a cargo de la intervención quirúrgica, Luis Caicedo, explicó que, luego de ese procedimiento, en más del 90 por ciento de los casos la calidad de vida del paciente registra una apreciable mejoría.
 
La crisis de las EPS en Colombia ha tocado fondo. Una gran mayoría de estas empresas, sobre todo la titulada paradójicamente Humana Vivir, están sometidas a investigaciones de la fiscalía por violaciones, contratos falsos y desvíos de fondos, sin que las demandas de los abonados a este sistema hayan sido solucionados hasta ahora.

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