La Habana (PL) Insuflada por el tráfico de drogas, la deportación de criminales y los problemas económicos, la violencia es uno de los principales flagelos que afectan a las paradisíacas islas del Caribe. La delincuencia es uno de los principales escollos hacia la integración económica regional, afirmó recientemente el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves.
«Si usted no puede trabajar un turno de noche, si es necesaria mayor seguridad para el negocio, si los expertos no quieren venir porque sienten que en otro lugar están más seguros, estamos en problemas», subrayó.
Para Gonsalves, los altos niveles de criminalidad en varios países en el área son un freno al turismo y un factor que no estimula la inversión extranjera.
«Nada representa una mayor amenaza para el futuro de nuestra economía que la delincuencia», coincidió el jefe de gobierno de Bahamas, Perry Christie.
Similar opinión tiene Trevor Benn, de la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Guyana, quien aseguró que, en prácticamente todos los Estados caribeños, el crimen afecta de manera especial a jóvenes y adolescentes.
Según Benn, la delincuencia juvenil tiene un costo tremendo para el desarrollo de la región, tanto en el plano económico como en el social.
El problema, precisó, pone presión sobre el sistema de atención de salud, ya que suma un costo para el estado por la pérdida de recursos humanos productivos.
En ese sentido, el ministro de Seguridad Nacional de Jamaica, Meter Bunting, admitió en febrero que su país pagó un alto costo económico y social por las acciones de la delincuencia en las últimas cuatro décadas.
Durante una conferencia en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos, el funcionario explicó que si Jamaica no hubiera tenido tales índices de inseguridad su economía sería como mínimo tres veces más grande.
Destacó que ese problema ha afectado a esa isla caribeña, ya que ha disminuido la competitividad económica y mina la confianza de los inversores.
Como resultado de las limitaciones económicas, no hay fondos suficientes para gastar en servicios sociales y luchar contra ese flagelo, subrayó.
Para el diario Jamaica Observer, «las raíces de esta ola de crímenes violentos no son las privaciones económicas, ya que, con la excepción de Haití y Guyana, los ingresos per cápita son muy altos en países como Bahamas y Trinidad y Tobago».
Asegura que la delincuencia transnacional generada por el narcotráfico es un factor importante que contribuye a la situación de inseguridad, tanto en naciones productoras de drogas, como Jamaica y Belice, como en otras por donde transitan los estupefacientes, como San Vicente y las Granadinas.
La cocaína producida en Suramérica recorre rutas de Centroamérica y el Caribe para llegar hasta Estados Unidos, el principal consumidor mundial de esas sustancias psicotrópicas ilegales, han reconocido informes de Naciones Unidas.
Tanto la producción como el tráfico de drogas genera violencia, circulación ilegal de armamentos, corrupción e inestabilidad, coinciden en señalar expertos caribeños.
«Es posible que un pequeño grupo de delincuentes bien armados y financiados puedan tomar el control de un pequeño país insular. Esas naciones están en riesgo de convertirse en «narcoestados», en los cuales la policía, el poder judicial y los políticos sean corruptos», subraya el Observer.
El crimen no sólo socava la calidad de vida, sino tiene el potencial de destruir la industria turística que es la actividad económica más importante en la mayoría de las islas del Caribe.
Esa situación afecta la producción de bienes y servicios, desalienta la inversión, provoca una migración de mano de obra calificada y aumenta los gastos del gobierno en tareas de vigilancia y seguridad nacional, constata esa fuente.
Cifras oficiales señalan que el número de jamaicanos que regresaron voluntariamente a su país en 2011 cayó a poco más de mil, la mitad de hace una década.
No obstante, la ofensiva anticrimen en la región provocó una disminución de los índices delincuenciales en algunas naciones como Bahamas, Trinidad y Tobago y Jamaica, aunque lejos de los estándares de años atrás.
Por ejemplo, ese último país ha tenido más de mil muertes violentas cada año desde 2004, reconoce el gobierno de Kingston.
Otro de los graves problemas que enfrenta la región es la deportación masiva de criminales desde Estados Unidos, que regresan a sus naciones de origen con una larga experiencia delictiva adquirida en la sociedad y prisiones del país norteño.
Durante la reciente cumbre de la Comunidad del Caribe, celebrada en Haití, los líderes regionales instaron al secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder, a terminar con esa política.
Aunque dijo entender los señalamientos, Holder dejó claro que esas acciones continuarían.
Este mes, el Consejo de la Ciudad de Nueva York aprobó un proyecto de ley que prohíbe a la policía de esa urbe deportar al Caribe a sujetos acusados de delitos menores por las autoridades federales.
La Agencia de Inmigración y Aduana estadounidense deportó el 2012 a casi cuatro mil 900 criminales hacia el Caribe y a otras mil 600 personas sin antecedentes penales.
Sólo Jamaica recibió más de mil 200 personas, mientras Trinidad y Tobago acogió a 242 nacionales.
El gobierno estadounidense también deportó a personas a Haití, Granada, San Cristóbal y Nieves, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía y Guadalupe, entre otros países y territorios.
