El sistema de registro de los empleados públicos (SASP), cubre a casi la totalidad de los ministerios de la administración central, con excepción de Turismo, una porción del personal de Hacienda y de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y sigue teniendo pendiente la homologación y estructura de cargos y puestos de trabajo, revela el Informe de Gastos Públicos y de Rendición de Cuentas en Medición de Desempeño, PEFA 2012.
El informe, elaborado por ADE (Analysis For Economic Decisions), y financiado por la Unión Europea, indica que ese proceso es crucial para el sistema de administración de recursos humanos en el sector público.
La misión evaluadora considera que la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley General de Salarios son medidas pertinentes, que inducirán a la revisión integral del marco legal y normativo de las estructuras funcionales.
Entre otros temas señala la falta de un Plan de Acción de mediano plazo pos-PEFA para elaborar una agenda de reformas al marco legal en los próximos años y definir una hoja de ruta, “la demora en establecer un equipo técnico y de gerencia de alto nivel constituye un problema serio en la planeación de reformas financieras del Estado”.
El objetivo del PEFA fue realizar un diagnóstico del desempeño del sistema de gestión y control de las finanzas públicas, con expertos independientes. El informe PEFA es de octubre de 2012. Al señalar el impacto del gasto público, el informe revela el costo que implican las transferencias corrientes y de capital a las empresas públicas no financieras que, junto al Banco Central, le significaron pérdidas cuantiosas que el Gobierno ha tenido que asumir en los últimos años y que equivalen a un promedio de 0.3% del PIB las corrientes, y de 1.3% del PIB las de capital, respectivamente.
En cuanto a los subsidios que da el Estado también indica que todos los planes para racionalizarlos han fracasado y estos se mantienen, tras precisar que los subsidios a la electricidad y al consumo de gas licuado de petróleo, a los que se agrega el Metro de Santo Domingo, “se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el manejo fiscal”.
En algunos casos, dice, el subsidio en electricidad es la partida más grande del gasto, “algo que resulta inconcebible en otros países”.
