San Juan.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, provocó este domingo un amplio debate por su decisión de incluir a las «personas cohabitantes» en la protección médica de los empleados públicos.
La decisión, mediante orden ejecutiva (decreto), se produjo después que miles de religiosos de distintas nominaciones se manifestaron frente al Capitolio, sede de la Asamblea Legislativa, a favor de la «familia tradicional».
El efecto de la acción de gobernante, según activistas de derechos humanos, está dirigida a proteger no sólo a las parejas de hecho de mujer y hombre, sino a la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual (LGBTT).
El gobernador señala en el decreto 2013-010 que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el deber de garantizar que la salud sea accesible para todos los residentes de la isla, por lo que se ordenó a la Administración de Seguros de Salud (ASES) enmendar la Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos para incluir a las «personas cohabitantes» en los planes médicos de los trabajadores de la Rama Ejecutiva.
«Esta administración está comprometida con erradicar todo tipo de discrimen y tomará las medidas de justicia social que sean necesarias para garantizar la equidad de todos y todas las puertorriqueñas», estableció la orden ejecutiva.
A pesar de que muchos sectores consideran que la protección de salubridad es un acto de justicia social, otros lo ven con ojerizas porque entienden que en la práctica se está reconociendo las uniones de las parejas de un mismo género.
El abogado Osvaldo Burgos, portavoz del Comité Amplio por la Búsqueda de Equidad, calificó de significativa en materia de derechos humanos y de salud pública la decisión del Gobernador.
«Esto no solo beneficia a la comunidad LGBTT, sino que es positivo para otras configuraciones de parejas y de familias que no son reconocidas en la legislación vigente», agregó.
Las agencias gubernamentales requerían que las parejas estuvieran casadas para que pudieran beneficiarse de los planes médicos, con excepción de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que ampara a ambas personas desde 2006 sin importar que sean del mismo género.
Una directriz similar a la de García Padilla fue emitida el pasado 12 de enero por la flamante alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), pero que alcanzó la victoria eleccionaria en noviembre de 2012 a partir de una alianza con diversos grupos, que incluyó al Movimiento Independentista Nacional Hostosiano y al Movimiento Unión Soberanista.
La desatención en el área de salubridad en el país es crítica, por lo costoso de los planes médicos, al punto de que hay unas 300 mil personas sin seguro médico porque no califican para el plan gubernamental, que requiere cierta indigencia de acuerdo con la composición familiar, ni cuentan con los ingresos para pagar uno privado.
