San Juan.- El gobierno puertorriqueño está sometido a una fuerte presión popular, reflejada en la víspera con una masiva movilización contra la privatización del aeropuerto internacional de Isla Verde, principal del país.
Debido a que el gobernador, Alejandro García Padilla, no ha hecho válido su compromiso de campaña de que de ganar las elecciones de noviembre de 2012 detendría la privatización de la terminal aérea, crece la presión de diversos sectores opuestos a su entrega a un consorcio mexicano por los próximos 40 años.
El portavoz del Pueblo Unido en Defensa del Aeropuerto (Pueda), Juan Camacho, solicitó al mandatario que someta a discusión las alternativas que dice tener el gobierno de Puerto Rico en caso de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos no apruebe la transacción con la empresa mexicana Aerostar Airport Holdings.
Camacho, cuya organización inundó en la víspera las calles del San Juan antiguo para llevar una protesta frente a La Fortaleza, sede del ejecutivo, anticipó que de no tomarse en cuenta el reclamo del pueblo en contra de la enajenación de la principal terminal aérea del país, el próximo paso será la desobediencia civil. El portavoz de Pueda aclaró, sin embargo, que quieren mantener el diálogo abierto con la administración de García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD), por lo que hoy le pidió que haga públicas sus estrategias.
El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg Toro, aseguró en respuesta a la protesta que «el gobierno está preparado para cualquier decisión de la FAA».
«Estamos a la espera de que la FAA tome su determinación final y estamos preparados para cualquiera de los dos escenarios: que aprueben la APP o no», dijo Colberg Toro, también portavoz del gobernador García Padilla.
El gobierno alega que la privatización del aeropuerto internacional de Isla Verde es la única forma que tiene para solventar la crisis fiscal que tiene la Autoridad de los Puertos, con más de 50 millones de dólares en déficit operacional.
Una de las principales preocupaciones de los opositores a la privatización del aeropuerto, además de que no solucionará ningún problema fiscal, es que se produzca el despido masivo de empleados y que se encarezca entrar y salir de Puerto Rico.
También hay el temor del desplazamiento de los comerciantes puertorriqueños que tienen negocios en el principal puerto aéreo del país.
«Sería interesante conocer quién va a cumplir con la retención de empleos, si Aerostar, que ha planteado que operará con menos de la mitad de los empleados, o el gobierno de Puerto Rico, que los motivará a acogerse a retiros incentivados o los distribuirá en aeropuertos regionales distantes de sus residencias que no necesitan más personal», expresó el portavoz del Pueblo Unido en Defensa del Aeropuerto.
