El Cairo.- Manifestantes que demandan la cesantía del ministro del Interior iniciaron una vigilia de tres días en la ciudad septentrional egipcia de Port Said y amenazaron con aumentar la presión si sus reivindicaciones son desoídas.
La sentada, en una de las plazas céntricas de esa ciudad, sigue a protestas violentas todo el domingo, durante las cuales manifestantes airados asaltaron instalaciones públicas y obligaron a suspender las actividades docentes.
Asimismo, los organizadores de la prueba de fuerza exigen el levantamiento del toque de queda en vigor en esa y otras dos ciudades del norte desde principios de mes, tras el estallido de disturbios por la condena a muerte de 21 de los 73 implicados en una letal reyerta en un estadio de fútbol de esa ciudad un año atrás.
La violencia política en Port Said, Ismailia y Suez obligó al Gobierno del presidente Mohamed Morsi a enviar a la zona a fines de enero pasado unidades del Ejército para restablecer el orden tras disturbios en los que han muerto más de 40 personas.
Un portavoz de los manifestantes amenazó con iniciar un período de desobediencia civil, que existe en la práctica ya que la ciudadanía ignora el toque de queda y el Ejército se abstiene de imponerlo por la fuerza.
El pliego de demandas incluye la designación de un juez independiente para encabezar la comisión que investiga la masacre en el campo deportivo, inclusión en la lista de mártires de la revolución de los muertos en las recientes protestas e inculpación de los responsables.
Construcción de un monumento a las víctimas de las protestas y el pago de los gastos médicos de los heridos en los choques con la Policía, completan las siete exigencias de los manifestantes.
La violencia en Port Said se suma al bloqueo de la crisis política en el resto del país entre el Gobierno del presidente Morsi y la oposición laica encabezada por el Frente de Salvación Nacional.
Los opositores demandan formar un gabinete de salvación, abrogar la recién promulgada Constitución y redactar otra por consenso y la depuración de responsabilidades en las muertes de manifestantes en los disturbios que comenzaron en noviembre pasado, además de la anulación de las facultades omnímodas del mandatario.
