El exministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Maximiliano Puig Miller, consideró este miércoles como ilegítimos y contrario al interés nacional, el poder especial número 7-13, que le otorgó el presidente Danilo Medina al consulto jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, para negociar con personas que quieren adueñarse “ilegalmente” de Bahía de las Águilas.
Puig entiende que no es posible que el Gobierno esté propugnando llegar a una transacción judicial con el grupo que durante 16 años el Estado ha perseguido por constituirse en asociación de malhechores, prevaricando, usurpando funciones y falsificando títulos a fin de quedarse con los terrenos en el área protegida.
Recordó que hace siete años, siendo ministro de Medio Ambiente denunció públicamente a un conjunto de legisladores que pretendían modificar la Ley de Aéreas Protegidas para eliminar algunas de estas y beneficiarse de un “fabuloso” negocio inmobiliario antiético e ilegal, en detrimento del pueblo.
Finalmente, Max Puig destacó que no hay absolutamente ninguna razón valedera para entregarle propiedad alguna a los beneficiarios de un «asentamiento agrario» a todas luces ilegítimas, realizados en terrenos no aptos para la agricultura: «las tierras en áreas protegidas no están en el mercado, no pueden ser compradas ni vendido, pues son del Estado de manera definitiva”.
El también presidente del Partido Alianza por la Democracia y exsenador por Puerto Plata advirtió que se asociará a todas las organizaciones sociales y ambientalistas con la finalidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional o cualquier otra instancia judicial dictaminado por el presidente Medina.
