La Paz.- La audiencia de conclusión de investigación, que determinará si los tres soldados bolivianos detenidos en Chile son juzgados o si se opta por otra salida, será celebrada en la capital chilena.
Nuestra defensa está trabajando en Chile para que se busque la liberación, sino procedieran esas acciones judiciales que estamos tomando, vamos a ir por el camino que marca la norma internacional, destacó el ministro de Defensa boliviano, Rubén Saavedra.
Según la autoridad, están coordinando acciones para acudir ante todas las instancias internacionales y así lograr la liberación de los tres soldados.
El vicecanciller Juan Carlos Alurralde destacó este martes que Bolivia analiza la estrategia a seguir tras conocer la negativa de la Corte Suprema de Justicia de Santiago de Chile al amparo constitucional presentado por la defensa de los militares bolivianos.
Alurralde declaró a la estatal radio Patria Nueva que podrían llevar el caso a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, a la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Los soldados bolivianos Álex Choque de 20 años, Augusto Cárdenas (19) y José Luis Fernández (18) fueron detenidos por una unidad de Carabineros de Chile el 25 de enero, en el sector de Colchane, en la región de Tarapacá, a mil 987 kilómetros al norte de la capital chilena.
Desde el primer momento el Gobierno boliviano aseguró que los militares eran parte de un operativo contra el contrabando en la frontera con ese país y demandó su liberación.
Lamentablemente tenemos que informar que la Corte Suprema rechazó el pedido y estamos a la espera de la resolución respectiva, destacó Alurralde.
El amparo constitucional es una acción que tutela las garantías de los particulares establecidas en la constitución, leyes y tratados internacionales, condenando acciones de los agresores, bien sean ciudadanos, organizaciones públicas o privadas.
Según la Corte Suprema de Justicia de Santiago, no hubo actuar arbitrario o ilegal en la resolución del Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, que ordenó la prisión preventiva de los tres imputados.
La Fiscalía de ese país presentó cargos contra los militares por portación ilegal de armamento de guerra e ingreso por un paso no habilitado, delitos que tienen una pena de cinco a 20 años de prisión.
