Los sucesos del pasado domingo, cuando ocho miembros del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), resultaron heridos, en momentos que pretendían desarrollar una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), han producido constantes debates en la opinión pública, principalmente, en el aspecto de si es legal o no, la intervención del Gobierno en el local principal de la entidad política.
A partir de ese día, en el cual se enfrentaron a sillazos, palos y balazos las fracciones del expresidente Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, quienes se disputan el control de la organización, la Casa Nacional del PRD está bajo la custodia de la Policía.
Las declaraciones del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo imprimieron suspicacia al tema, pues al ser cuestionado sobre los acontecimientos, adelantó que la sede sería devuelta cuando el presidente Danilo Medina regresara de Chile.
Expertos opinan
Según la opinión del jurista Raúl Vásquez, la competencia en ese caso pertenece al Tribunal Superior Electoral, y entiende que el arbitraje del Gobierno es para preservar el orden.
Explicó a DominicanosHoy que al Presidente de la República no le corresponde inmiscuirse en problemas partidarios, ya que para eso están los estatutos de las organizaciones políticas; en cambio, el Estado debe velar por la seguridad pública y la vida de los ciudadanos.
De su lado, el abogado Julio Lantigua entiende que las declaraciones de Montalvo evidencian que el Gobierno se involucró en la crisis interna de un partido, ya que admitió reuniones con los grupos en disputa.
En el caso del presidente de Convergencia Nacional de Abogados (Cona), Yunior Ramírez Ferreras, su criterio se enfoca hacia la ilegalidad de la ocupación del local por parte de la Policía, puesto que su papel debió ser solo garantizar la seguridad: “Que inmediatamente se restableciera el orden, tenían que dejarle su asunto a los perredeístas, que ellos se entendieran”.
Otro de los especialistas que emitió su punto de vista al respecto fue Pedro Encarnación, quien considera que el Gobierno se vio precisado a incluirse en la crisis política protagonizada por el expresidente Mejía y Vargas Maldonado, debido a su rol como garante de la seguridad ciudadana y porque, seguramente, entendía que esa situación ponía en peligro el Estado.
En tanto que José Núñez expresó que el Poder Ejecutivo en ningún momento ha confiscado el local del PRD, sino que ha intervenido en la mediación de un conflicto entre las partes, a fin de garantizar la paz nacional.
En sentido general, la mayoría de los consultados por este multimedios DominicanosHoy sostuvo que si habría que decidir sobre a quién se le entrega la Casa Nacional del PRD, no sería potestad del Gobierno, sino de la justicia dominicana.
