La Asociación de Industrias (AIRD), y otras veinte entidades del sector productivo nacional señalaron la necesidad de modificación de la Ley 28-01 que creó una Zona Especial para el Desarrollo Fronterizo, en un plazo de no más de 60 días, por considerar que fomenta la competencia desleal y perjudica al Estado.
La presidenta de la AIRD, Ligia Bonetti, destacó que la legislación afecta la recaudación de ingresos fiscales y la estabilidad de más de 7,000 pequeñas, medianas y grandes industrias establecidas en todo el territorio nacional, por las ventajas desproporcionadas que se les otorga a unas escasas empresas.
“La aplicación de esta ley no solo exhibe muy pocos logros sino que ha sido discriminatoria y discrecional. Mejores resultados tendría el país si el Estado dominicano invirtiera los cientos de millones de pesos que ha dejado de percibir, como consecuencia de estos incentivos fiscales, en verdaderos programas de bienestar social que tanto se requieren en la zona fronteriza”, enfatizó la dirigente empresarial.
Bonetti señaló que los empleos creados al amparo de la ley 28-01 no representan un crecimiento neto de empleos, pues en su mayoría han surgido del deterioro y la pérdida de mercado de otras industrias, a las que no se les posibilita trasladarse a operar en dicha zona debido a que se atentaría contra los ingresos fiscales del Gobierno.
