Colombo.- Mohan Peiris asumirá este miércoles la presidencia del Tribunal Supremo de Sri Lanka en medio de encontradas reacciones de gremios de abogados y de críticas internacionales que el Gobierno tacha de injerencistas.
Hasta hace unos días principal asesor legal del Consejo de Ministros, Peiris sustituye a Shirani Bandaranaike, separada del cargo por mala conducta profesional y deshonestidad financiera.
La cúpula de la Asociación de Abogados de Sri Lanka (BASL) reiteró este miércoles que no asistiría a la ceremonia de asunción, pero parte de sus afiliados y otras entidades del sector confirmaron el respaldo a la nominación de Peiris.
Bandaranaike fue destituida luego que una comisión parlamentaria la hallara culpable de no declarar nueve cuentas bancarias, comprar de manera fraudulenta un apartamento a nombre de una hermana e influir en un proceso legal que por presunta corrupción se le seguía a su esposo, expresidente de un banco estatal.
La decisión recrudeció el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, y ha concitado la preocupación de Estados Unidos y otras potencias occidentales por la supuesta violación de la autonomía del judicial por parte del Gobierno.
El pasado viernes, la Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, calificó la suspensión de Bandaranaike como «una burda interferencia en la independencia del poder judicial» y un «retroceso desastroso» para el estado de derecho en el país.
En carta a Pillay, el representante permanente de Sri Lanka ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Kshenuka Seneviratne, la acusó de cometer una «flagrante injerencia en un problema de un país soberano», agravada «por el tenor inadecuado de su lenguaje».
Seneviratne apuntó que el proceso de destitución se había realizado a tenor con lo dispuesto por la Constitución e hizo notar a la funcionaria que «ni usted ni su oficina tienen comprensión de las disposiciones de la Constitución de Sri Lanka».
La propuesta de separar a Bandaranaike del cargo fue aprobada en el Parlamento por 155 votos a favor, 49 en contra y 20 abstenciones, una decisión que luego confirmó el presidente Mahinda Rajapaksa.
