El tema salarial en la administración pública fue colocado en los debates de la segunda jornada de la Semana de la Calidad Domínico-Costarricense, con la presentación de la directora de Análisis de Trabajo y Remuneraciones del Ministerio de Administración Pública (MAP), Fanny Bello Dotel.
La funcionaria se refirió al proceso de aprobación de la Ley General de Salarios para el Sector Público en el país, que fuera sancionada por el Congreso Nacional en el mes de agosto del pasado año, pero que fue observada y devuelta por el Poder Ejecutivo, sin que hasta el momento los legisladores hayan conocido esas observaciones.
Al respecto, el ministro de Administración Pública, licenciado Ramón Ventura Camejo, consideró que es importante que la Ley General de Salarios sea aprobada, por lo cual, admitió la posibilidad de que se realicen algunas concesiones, como la de que se reconozca en el reglamento de la ley el que se le pague un incentivo razonable a los congresistas que trabajen en comisiones.
En su presentación, Fanny Bello destacó los propósitos fundamentales de la formulación de la ley, como clarificar y transparentar las retribuciones, tanto de altos cargos, como de los demás funcionarios de la administración y fortalecer los mensajes de austeridad, ética y transparencia, clarificar la separación entre la esfera política y la directiva administrativa basada en mérito y actualizar la cuantía de las retribuciones anualmente por la ley anual de presupuesto.
Entre los principios instituidos por la legislación salarial se encuentran, de acuerdo con la directora de Análisis de Trabajo y Remuneraciones del MAP, la jerarquía salarial, las situaciones de incompatibilidad y conflictos de intereses, además de disponer prohibiciones de carácter ético, la supresión de tarjetas de crédito, y el establecimiento de límites a los gastos de representación y a las asignaciones de combustible.
Asimismo, señaló que se implantó la modalidad de escala salarial reglamentaria para los poderes del Estado, los entes constitucionales con régimen propio y las instituciones descentralizadas y autónomas financieras, así como se dispuso un régimen de reglamentación para el sector centralizado, y se fijaron los criterios para la revisión del salario.
Según Fanny Bello, “la ley transparenta la información sobre el control de gastos, garantizando el derecho a la auditoría social, además de garantizar la atracción y permanencia de recursos humanos con la capacidad técnica para el desarrollo de sus funciones en la administración pública”.
Sobre el tema salarial también intervino el experto jurista Olivo Rodríguez Huertas, quien analizó algunos de los principales aspectos de la Ley General de Salarios que generaron cierta resistencia entre algunas entidades públicas. “Gran parte de la resistencia de los denominados organismos autónomos tenían que ver con detalles relacionados con las condiciones e incompatibilidades con el sistema de compensación contenidos en el proyecto”.
Citó como ejemplo el uso excesivo de los gastos de representación y las tarjetas de créditos, que, en su criterio, “han venido a desnaturalizar los componentes de las compensaciones y la necesidad de transparencia que debe haber en cuanto a retribución por los servicios que se prestan en las entidades estatales”.
Rodríguez Huertas llamó a los diputados a retomar el tema en el marco de la legislatura extraordinaria convocada por el presidente Danilo Medina.
